
En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una 
votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa 
opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se 
abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) de 
la Cámara Alta necesarios.
Rousseff, que había sido electa el 26 
de octubre de 2014 por apenas 51,6% de los votos, la menor diferencia de
 la nueva democracia brasileña tras la caída de la dictadura en 1985, 
siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció que su 
destitución constituía un golpe de estado parlamentario.
En ese 
sentido, afirmó que el separado presidente de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, había impulsado el proceso en su contra como venganza 
porque el poder político no había neutralizado denuncias en su contra 
por corrupción.
La votación de hoy puso fin a un prolongado 
trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue 
supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante 
constitucional del proceso.
Rousseff fue hallada culpable de 
alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el 
Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca 
pública, lo cual ha negado durante todo el proceso.

