Buenos Aires: las víctimas de la trata tendrán acceso directo a trámites, subsidios y otros beneficios.

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El gobierno bonaerense busca eliminar las barreras administrativas para el acceso a derechos, así se trate de la realización de documentos de identidad, accesos a programas de salud o subsidios. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplió por decreto beneficios a personas que resultaran víctimas de trata con el objetivo de eliminar las barreras administrativas para el acceso a derechos y evitar todo tipo de obstáculos al respecto. El decreto, firmado el miércoles por la gobernadora María Eugenia Vidal, tiene por objetivo eliminar las barreras administrativas para el acceso a derechos por parte de las víctimas de trata de personas, así se trate de la realización de documentos de identidad, o el acceso a programa o subsidios que ofrezca el gobierno de la Provincia.

La iniciativa se enmarca en lo que establece la Ley provincial de Lucha contra la Trata de Personas, Ley Nº 14.453, al avanzar sobre el derecho de las víctimas a ser asistidas en materia económica.

La medida determina que los funcionarios con autoridad sobre los servicios, planes y programas provinciales “deberán dar prioridad a las víctimas de trata de personas y sus delitos conexos”.

En un comunicado, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, explicó que la medida responde a que "la situación de extrema vulnerabilidad y falta de documentación - características propia de las víctimas de trata- imposibilitan a las mismas cumplir con los requisitos formales que exigen esos programas".

Afirmó que "las personas que han sido víctimas de trata deben afrontar el desafío de vivir libremente en sociedad, y muchas veces aparecen barreras administrativas que re-victimizan a aquellas personas que no tienen documento o identidad, por eso es rol fundamental del Estado otorgarles todas las facilidades para que puedan reinsertarse en la vida social y laboral".

"La Provincia se pone de este modo a la vanguardia en materia de justicia restaurativa, siendo la primera en garantizar a las víctimas de este flagelo la reintegración de sus derechos, al facilitarles el acceso directo a trámites, subsidios y demás beneficios ofrecidos por el Estado", puntualizó el ministro.

El decreto, al que tuvo acceso Télam, explicita que “los organismos de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de previsión social dependientes del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires deberán arbitrar los medios para organizar, fortalecer o adaptar servicios, planes y programas destinados a garantizar a las víctimas de trata de personas el acceso a los derechos reconocidos en la Ley Nacional para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”.

“Constatada la existencia de motivos razonables para creer que una persona es víctima de la trata de personas o sus delitos conexos y frente a la solicitud exclusiva de esta última, la autoridad de aplicación –el Ministerio de Justicia- evaluará de forma detallada el caso”, se detalla.

Se explica, en ese sentido, que se tomará en cuenta “cualquier informe penal conexo” y que, a partir de una resolución fundada y de un modo compatible con el derecho a su privacidad, “será responsable de iniciar y arbitrar los trámites necesarios ante los organismos correspondientes para gestionar el acceso a los derechos, beneficios y servicios mencionados en la Ley de Trata”.

Además se plantea que “se deberán remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas de trata a esos beneficios, sin que se les puedan ser exigidos los requisitos que fueran determinados para otra población objetivo, y cuya carencia se relacione a su condición de víctima”.

Un funcionario del ministerio de Justicia explicó a Télam que “por ejemplo si una víctima necesita acceder a una pensión no graciable, el Instituto de Previsión Social (IPS) no deberá exigirle el DNI, determinados años de residencia en la provincia o un domicilio de residencia fijo, como sí le solicitan al resto de la gente”.

La fuente detalló que para acreditar la condición de víctima, será suficiente un informe de algún organismo oficial en el que esté registrado el delito de explotación sexual: "puede ser un acta policial que dé cuenta de un allanamiento en un prostíbulo o un informe psicológico de la persona", ejemplificó.

“Además, se le dará a las víctimas prioridad para el acceso a subsidios, o a los programas tanto de capacitación o formación”, graficó.

El proyecto se suma a lo reglamentado días atrás por el Gobierno de la Provincia, a través de este ministerio y la Agencia de Recaudación (ARBA), para otorgar un beneficio fiscal a las empresas bonaerenses que contraten como empleados a personas que hayan sido declaradas judicialmente como víctimas del delito de trata.