Los reclamos de Baratta ante el juez Bruglia
Contra el juez y los empresarios, “La ley no es igual para todos”
Estaba cerca de terminar la audiencia de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido, ante la Cámara Federal, cuando de golpe se cortó la luz. Pese al enojo por su situación en la causa de (las fotocopias) de los cuadernos, se tomó la escena con humor: “Del tema conozco porque antes lo manejaba yo”, se rió. “Esta zona es de Edenor”, precisó. Baratta volvió a reclamar su excarcelación en una exposición ante el camarista Leopoldo Bruglia, en la que planteó que no entiende por qué él continúa detenido y un amplio abanico de empresarios, con vínculos con el Gobierno, sigue en libertad si “tienen muchas más posibilidades de entorpecer” la investigación. “La ley no es igual para todos”, protestó.
Algunos de los nombres a los que se refirió, como el de Paolo Rocca, de
Techint, o Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, aún tienen su situación
procesal en veremos tras haber sido indagados por el juez Claudio
Bonadio.
Baratta forma parte de un grupo de ex funcionarios y
empresarios que siguen presos porque no se acogieron a la figura del
arrepentido y debido a que el juez considera que podrían entorpecer la
investigación o fugarse. Se basa en la llamada “doctrina Irurzun” (por
el camarista Martín Irurzun) que estableció que los vínculos o el poder
residual aumentan los riesgos procesales. Por eso, ante la Cámara y en
un escrito, Baratta insistió en compararse con los empresarios que están
libres o que ni siquiera fueron indagados. Dijo que no entiende qué
lazo residual, o medios para escaparse, podría tener él estando
completamente lejos del poder. “¿Quién tiene mayor poder de
entorpecimiento, estos empresarios o yo? ¿Quién tiene mayor poder
residual o actual para entorpecer la investigación con actos propios del
Poder Ejecutivo, estos empresarios o yo?”, enfatizó su presentación.
Para
ejemplificar la existencia de lo que considera como una doble vara
recordó que “un día antes de los allanamientos”, Techint “sacó de sus
oficinas computadoras, servidores y otro tipo de documentación.
Resultado: ninguna de las personas del holding involucradas hasta el
momento está presa”. Se refirió también a Emepa, de Gabriel Romero, uno
de los arrepentidos, por su vinculación con el Gobierno. “El grupo
Emepa, casi en su totalidad, depende del Ministerio de Transporte, tanto
por las obras que realiza como por la concesión de la Hidrovía. Una de
sus empresas, PC Publicidad, tiene como director y accionista a Julián
Alvarez Echague, hermano de la esposa del ministro Guillermo Dietrich.”
Baratta
recordó que estuvo detenido el año pasado en una causa por supuestas
irregularidades en la compra de gas natural licuado, y fue liberado el 9
de marzo, para luego ser detenido otra vez el 1 de agosto. “En ambas
ocasiones buscaban lo mismo: que me arrepintiese de hechos que no
realicé, involucrando a Julio De Vido y Cristina Fernández”, dijo.
“Estar preso de esta forma es una verdadera extorsión, no la mentirosa
extorsión de la que hablaron algunos empresarios, que incluso fueron
beneficiados por la famosa sortija (término utilizado por el fiscal
Carlos Stornelli). ¿De qué extorsión hablan si hasta el último día se
presentaron a todas las licitaciones? ¿O acaso no ganaban plata haciendo
las obras?”. En este punto, Baratta aludió al argumento que usaron los
empresarios para decir que los presionaban para pagar a cambio de obras.
Dos empresarios “con vínculos con el poder actual, y me refiero a
Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo, con quienes mis discusiones por
cuestiones tarifarias eran habituales, nunca me denunciaron por
extorsión”, afirmó.
Baratta cuestiona por qué personas que se
reconocieron en papeles de liderazgo en la cartelización de obras sólo
fueron procesadas como miembros de la organización –como el caso de
Carlos Wagner y José López, entre otros–. ¿Por qué no se investiga el
origen de los supuestos fondos que los empresarios dicen que entregaron?
Por ejemplo, sobre Enrique Pescarmona, dijo: “¿Puede un empresario que
blanqueó dinero, que concursó a una de sus empresas, que recibió un
crédito de todos los argentinos (Banco Nación) y que encima se adjudicó
un supuesto delito tener una compañía de seguros?”. Sobre Wagner y Aldo
Roggio, remarcó que en sus declaraciones en otra causa negaron haber
hecho pagos. Reclamó que se cite a una lista de empresarios mencionados
por los arrepentidos. Se definió como “preso político” y reclamó que lo
liberen.