
El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en 
manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que en los próximos días 
correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que 
ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha.
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El
 presidente Alberto Fernández dedicó un posteo en sus redes sociales 
sobre el aniversario de intento de asesinato de Cristina Fernández de 
Kirchner.     Alberto Fernández apuntó contra la Justicia al cumplirse 
un año del intento de asesinato contra Cristina Kirchner
El TOF 6 no 
tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes
 Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la 
fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún; en el juicio 
participará la querella de la exmandataria, representada por los 
abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. El atentado se produjo 
en la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando la Vicepresidenta 
saludaba a quienes le manifestaban su apoyo en la puerta de su 
departamento del barrio porteño de Recoleta, y Fernando André Sabag 
Montiel le apuntó a la cabeza con una pistola de uso civil y gatilló dos
 veces pero sin que saliera ningún disparo.Su novia, Brenda Uliarte, 
estaba presente en las inmediaciones del lugar, al cual arribaron 
conjuntamente. En el debate oral, Sabag Montiel, tendrá como abogada a 
la defensora oficial María Fernanda López Puleio; la supuesta coautora 
Uliarte cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín 
justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral; y el 
presunto partícipe secundario Nicolás Carrizo seguirá defendido por el 
letrado particular Gastón Marano.
Una reciente declaración 
periodística de Telleldín, conocido por haber sido investigado en el 
marco de la causa del atentado a la AMIA, generó expectativas en torno a
 lo que pueda aportar su defendida en la causa en la que se investiga el
 atentado, ya sea en el debate oral o en lo tramos que aún permanecen en
 etapa de instrucción. "Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará 
una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona 
allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa 
de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a 
provocar", anunció el abogado, según publicó el diario Página/12 en su 
última edición dominical. Como imputada, Uliarte no está obligada a 
decir la verdad por lo que habrá que esperar para saber si, en caso de 
ampliar su indagatoria o declarar en el juicio oral, presenta algún 
elemento de prueba que pueda respaldar sus dichos. El nombre de Milman 
apareció en el expediente el 23 de septiembre pasado cuando un asesor 
del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó
 ante la jueza María Eugenia Capuchetti y dijo que había escuchado al 
legislador de Juntos por el Cambio referirse al atentado antes de que 
ocurriera. "Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase 
que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el
 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba 
acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente: ambas 
negaron que esa frase haya sido pronunciada.
Esa pista no fue elevada
 a juicio: hace 10 días la Cámara Federal porteña hizo lugar al 
secuestro del teléfono de Milman (que finalmente lo entregó 
voluntariamente) y su apertura también fue autorizada por la Cámara de 
Diputados.
Al habilitar la medida, los jueces Leopoldo Bruglia y 
Pablo Bertuzzi demarcaron que "la extracción de información del teléfono
 en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal 
-abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-", según 
surge del fallo al que accedió esta agencia. En simultáneo, el fiscal 
Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, solicitó a las 
compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a
 nombre de Milman.
Otra de las medidas de prueba que aún se encuentra
 en etapa de instrucción tiene que ver con la denominada Regla de 
Tueller: un papel que decía "La Regla de Tueller (pistola versus 
navaja)" fue hallado en la habitación de Uliarte en la casa de su padre 
durante el allanamiento que le realizaran el año pasado. Luego de mucha 
insistencia por parte de la querella, Rívolo ordenó realizar una pericia
 caligráfica para determinar si el escrito secuestrado en la causa 
corresponde con la escritura de alguno de los tres detenidos por el 
intento de magnicidio, Sabag Montiel, Brenda Uliarte o Gabriel Carrizo.
La
 denominada 'regla de Tueller' alude a la distancia mínima que necesita 
una persona (eventualmente un miembro de una fuerza de seguridad) para 
tener chances de defenderse de manera efectiva con un arma de fuego 
frente a una agresión con un arma blanca.
Como parte de la 
investigación de esa pista, días atrás declaró como testigo -por primera
 vez en el expediente- el padre de Brenda Uliarte, Leonardo Uliarte, 
quien se encontraba presente en su domicilio particular el 7 de 
septiembre del año pasado cuando se concretó un allanamiento en esa 
vivienda.
Advertido respecto de que no podía declarar en contra de su
 hija, Uliarte padre se limitó a contar cuestiones vinculadas al 
allanamiento y a la vida familiar y reveló que no sabía que su hija 
había dejado de vivir en su casa.
"Me sorprendí cuando entramos a su 
habitación y vimos que ni siquiera estaba la tele que yo le había 
regalado, que todavía la estoy pagando. Yo no sé si mi hermana o alguien
 más sabían que ella se había ido. Nadie me dijo nada tampoco. Pensé que
 iba y venía, pero que se haya llevado las cosas me sorprendió al entrar
 a la habitación el día del allanamiento", relató.
También afirmó que
 le habían llamado la atención las apariciones televisivas de su hija: 
"Antes del atentado me mandó un mensaje mi primo Franco Oballes, de que 
(Brenda) había salido en la tele hablando de los planes. Y a mí me llamó
 mucho la atención que ella tuviera una opinión pública, porque era una 
piba tan callada", contó.
Ese testimonio volvió a encender las 
alarmas de la querella, que aún se pregunta si hubo autores 
intelectuales que manipularon a los acusados para que intentaran cometer
 el magnicidio.
Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la
 fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue 
"premeditada", o sea que idearon "un plan para llevar a cabo el 
asesinato de la Vicepresidenta de la Nación"; pero advirtió que no se 
hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores 
materiales existieron distintos autores intelectuales.
El fiscal 
sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 
2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había pertenecido a 
un vecino ya fallecido.
De las conversaciones por WhatsApp que 
lograron reconstruirse a lo largo de la investigación surge que los 
atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento en el barrio 
porteño de Recoleta para apostar desde allí un francotirador, pero luego
 optaron por otra mecánica.
"De la lectura de la conversación que 
antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable 
que los imputados tenían intenciones de atentar contra la Vicepresidenta
 en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal tras
 repasar esas conversaciones.

