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diputado denunció aprietes y carpetazos", dijo Germán Martínez para 
reclamar que el tema volviera a comisión. Con un Congreso vallado y 
rodeado de gendarmes y policías, la Cámara de Diputados comenzó a 
debatir la Ley Ómnibus. Fue el primer día de una carrera que seguirá 
este jueves y se extendería hasta la noche del viernes. El round inicial
 estuvo marcado por los debates encendidos y las negociaciones 
silenciosas que pretendían preparar el terreno para la verdadera 
batalla: la votación en particular de la megaley. 
Javier Milei ya 
tiene el número para aprobar en general la norma, que incluye la 
delegación de facultades legislativas, la penalización de la protesta y 
una desregulación general de la economía. La gran incógnita, sin 
embargo, es lo que sucederá con la privatización de  empresas públicas: 
un punto que gran parte de la oposición amigable pide modificar y que, 
de no llegar a un acuerdo con el oficialismo, podría bochar. Tras casi 
doce horas, el debate pasó a cuarto intermedio. La reducida bancada de 
La Libertad Avanza estalló en aplausos cuando, a las 10.30, consiguió el
 quórum necesario para dar inicio a la sesión. El número ya se lo habían
 prometido el día anterior la UCR y Hacemos Coalición Federal, que se 
sentaron junto al PRO para compensar la debilidad del oficialismo, 
aunque hasta último momento persistían las dudas. Finalmente, con los 
radicales, todo HCF —excepto Mónica Fein y Esteban Paulón, del 
socialismo, y la cordobesa Natalia de la Sota—, los del PRO y los tres 
diputados peronistas que responden a Osvaldo Jaldo, LLA consiguió 137 
diputados para dar inicio a la sesión. Un número que prometía ser 
profético de la mayoría con la que el oficialismo planeaba aprobar, en 
general, la desguazada Ley Ómnibus. 
El texto final
Los diputados 
estaban a ciegas cuando ingresaron al recinto. O al menos formalmente. 
Desde temprano había comenzado a circular una versión final del diezmado
 proyecto, que había comenzado con 640 artículos y, finalmente, perdería
 casi la mitad. Pero no fue hasta que el secretario parlamentario, Tomás
 Figueroa, empezó a enumerar, uno por uno, los artículos que se 
suprimían del dictamen original (el mismo que la oposición light había 
firmado a las apuradas, sin saber lo que diría). Fue un proceso lento y 
desprolijo, que llevó a varias confusiones ruidosas cuando Figueroa 
equivocaba algún artículo. "Se suprime el 184... perdón, se suprime el 
194", aclaró, levantando una ola de suspiros porque el artículo en 
cuestión no era uno más: era el que habilitaba la transferencia de 
recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses al Tesoro 
Nacional. 
La eliminación de ese punto, que suponía la posibilidad de
 vender las acciones y bonos de Anses, terminó siendo una de las 
sorpresas de la jornada. Otra fue el blindaje del beneficio tarifario 
para zonas frías, que el proyecto original amenazaba con derogar y que, 
por reclamo de los gobernadores patagónicos, se sostuvo. Fue así que 
Martín Menem logró conseguir también el quórum de Innovación Federal, el
 bloque de un rionegrino, un neuquino, tres salteños (los peronistas que
 responden a Gustavo Sáenz) y tres misioneros. Se eliminaron, a su vez, 
varios artículos que modificaban el Código Penal para criminalizar la 
protesta y flexibilizar el gatillo fácil. Quedó afuera la sanción a los 
"organizadores" de las manifestaciones, así como el famoso artículo 305 
que definía a una "manifestación" como "la congregación intencional y 
temporal de 30 o más personas en un espacio público". Ese artículo -cuya
 autora es Patricia Bullrich y originalmente hablaba de "más de 3 
personas"- suponía que cualquier encuentro en el espacio público 
requería autorización del Ministerio de Seguridad. "Los cumpleaños en 
las plazas se van a poder hacer", ironizaban en el radicalismo, que 
habían presionado para quitar ese punto.
Afuera quedaron también el 
artículo que modificaba el financiamiento de la Ley de Bosques Nativos, 
así como el capítulo que reformaba el Régimen de Pesca.
Se confirmó, a
 su vez, la eliminación de todo el paquete fiscal que ya había 
anticipado Luis Caputo: afuera quedó la suspensión de la movilidad 
jubilatoria, el aumento de retenciones y el blanqueo de capitales, así 
como varios impuestos. Entre ellos la prórroga del Impuesto País, foco 
de los reclamos de HCF y los gobernadores, quienes pretendían que el 
Gobierno coparticipara una parte. "Con eso y las privatizaciones 
nosotros no jodemos", amenazaban desde HCF, que aspiraban a convencer al
 oficialismo de volver a incluirlo y que se le garantizara parte a las 
provincias. Al cierre de esta edición no habían llegado a un acuerdo, 
pero la oposición amigable esperaba arribar el jueves a un consenso con 
Casa Rosada. 
Se cerró la puerta, por último, a cualquier pretensión de modificar el código electoral.
Cruces y debates
Los
 diputados llegaron al recinto sabiendo que enfrentaban una carrera de 
resistencia: las estimaciones más optimistas calculaban unas 30 horas de
 debate, las menos 50. Se habían anotado más de 200 oradores y, a las 
exposiciones por la ley, se superponían las cuestiones de privilegio (la
 mayoría contra el propio Milei). El titular de la bancada de Unión por 
la Patria, Germán Martínez, reclamó que el dictamen volviera a tratarse 
en comisión, pero perdió la votación. "Un diputado denunció aprietes, 
carpetazos, fake news contra los que tengan un posicionamiento crítico. 
Que este tema se vuelva a votar", reclamó Martínez, refiriéndose a las 
denuncias de Nicolás Massot. Fue el propio Miguel Ángel Pichetto, 
titular de la bancada que integra Massot, el que salió a cruzarlo.
El
 primero en tomar la palabra fue Gabriel Bornoroni, presidente de la 
comisión de Legislación General, quien aprovechó para asentar el mensaje
 que buscaría dar LLA durante todo el día: Milei había hecho trabajar 
frenéticamente al Congreso durante el verano. Destacó el tratamiento en 
comisión y cerró: "Esto es un shock de libertad para los argentinos". 
Luego fue el turno del presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás 
Mayoraz, que aprovechó para defender las facultades extraordinarias para
 Milei: "Para salir de esta grave situación es necesario contar con 
estas herramientas que le van a permitir salir de un modo más ágil", 
insistió. 
Finiquitó José Luis Espert, el exopositor más oficialista 
de todos y presidente de la comisión de Presupuesto: "Este proyecto es 
polémico para los que quieren cuidar sus privilegios. No le tengamos 
miedo a la libertad". Dejó otras perlitas como "los recursos naturales 
si no se explotan, no son recursos", y terminó siendo el más aplaudido 
por LLA. 
Carlos Heller (UxP), mientras tanto, optó por calificar la 
megaley como "Proyecto Cuatro M" por Martínez de Hoz, Menem, Macri y 
Milei. "Todos propiciaron lo mismo. ¿Cuál era el lema de Martínez de Hoz
 y la dictadura? ‘Achicar el Estado es agrandar la Nación’. Para Menem 
‘todo lo que será estatal será privatizado’. Macri y Milei dijeron lo 
mismo”, señaló el economista de UxP, quien apuntó que era "falso que 
eliminando restricciones viene la prosperidad, lo que va a venir es la 
prosperidad de un pequeño grupo de corporaciones".
"Son libertarios 
pero no creen ni en la democracia ni en la libertad. Restringen la 
libertad a un solo aspecto: el papel que le dan al Estado para 
reprimir'", apuntó Leopoldo Moreau, quien sostuvo que había que llamar 
el capítulo de reforma penal "cárcel o bala", en homenaje a Espert. 
"Bala indiscriminada, con impunidad, diciendo que quien hace uso de la 
fuerza tiene a su favor la presunción de que lo ha hecho en ejercicio de
 su función. Le impiden a la gente ser querellantes, los padres de Lucas
 González nunca hubieran podido esclarecer el crimen de su hijo si se 
aprueba esto", agregó.
Privatizaciones y escándalos
El debate se 
movía con lentitud. Mientras los legisladores tomaban la palabra, otros 
se reunían y negociaban los artículos que estaban en duda y que, si no 
se llegaba a un acuerdo, se podrían caer en la votación en particular. 
El caso más espinoso era el de privatizaciones a las empresas públicas. 
De aprobarse tal como está, el Ejecutivo tendría la posibilidad de 
privatizar todas las empresas públicas excepto YPF. Se conversaba 
quitar, a su vez, Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica. 
Los alfiles
 de la UCR, HCF e, incluso, Innovación Federal negociaban hasta tarde a 
la noche para presentar una propuesta alternativa unificada al Gobierno.
 Pero no terminaban de acordar. El radicalismo venía reclamando que la 
privatización de cada empresa pase, ley por ley, por el Congreso. Pero 
en HCF —que sugería achicar el listado de empresas sujetas a 
privatización— sostenían que Milei no aprobaría eso. "Privatizaciones 
tiene que salir de forma tal que Milei no considera que es un 
impedimento, porque ellos siguen en campaña y el lobby empresarial es 
fuerte. Y la lógica 'ley por ley' la van a considerar un impedimento'", 
deslizó un armador de HCF.
Mientras las negociaciones se sucedían en 
distintos despachos del Palacio, en el recinto saltaban algunos 
escándalos. Uno fue la presencia en los palcos del recinto de Leonardo 
Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal que está procesado por
 amenazar a Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes. Sosa 
llevaba una pulsera roja, es decir que había sido invitado por la 
presidencia de la Cámara, aunque cerca de Menem lo negaban. Se 
sospechaba que lo había invitado Lilia Lemoine. Hubo otro escándalo, más
 temprano, cuando el empresario Tomás Agote se puso a insultar a Myriam 
Bregman desde los palcos y lo tuvo que sacar el personal de seguridad. 
"¿Quién
 puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades 
delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es
 su enemigo?", cuestionó Christian "Chipi" Castillo (FIT-PTS). "Esta ley
 es lo contrario a lo que la mayoría laboriosa en este país necesita. No
 seremos cómplices de este atropello brutal, como muchos acá, que 
rechazan determinados artículos, pero que le van a delegar facultades 
legislativas a un gobierno que ya demostró sus objetivos: el nefasto DNU
 y el protocolo represivo", apuntó Romina del Plá (FIT-PO).
Las horas
 pasaban, el PRO defendía con fiereza la ley y la UCR y HCF hacían 
malabares para sostener, al mismo tiempo, una postura crítica y de 
"responsabilidad institucional". Pero era tarde y todavía faltaban más 
de cien oradores, por lo que poco cerca de las 21.30 se definió pasar a 
un cuarto intermedio hasta el mediodía del jueves. La expectativa era 
votar en general el jueves a la tarde, pero muy pocos tenían la 
esperanza de finiquitar la discusión en particular antes del viernes. La
 discusión recién había arrancado. 

