Lo que hasta hoy hacía ese organismo era establecer los precios de
referencia en defensa de las cooperativas de productores frente a las
grandes industrias. Durante la zafra o cosecha garantizaba a las
cooperativas de productores un valor que cubriera sus gastos mínimos y
les dejara un margen de ganancias. El último valor del kilo de yerba
cosechada fijado por el INYM fue de 370 pesos. Esa hoja verde tomada
durante la zafra luego es llevada a secaderos donde después de un largo
proceso de estacionamiento, deshidratación (canchado) y picado es
vendida a un valor de 1.406 pesos. Lo que hacen las industrias es
comprarla, elaborarla, envasarla y venderla. A pesar de esos valores de
referencia fijados por acuerdo de comercialización, el paquete de un
kilo llega a las góndolas con un precio cuatro, cinco o más veces
superior.
Golpe al bolsillo de los consumidores
El argumento del
gobierno de Milei es que la entrega de ese mercado a la ley de la libre
oferta y demanda le abrirá las puertas a una competencia de precios que
favorecerá a los consumidores con mejores precios. Sin embargo, el
problema es que la desregulación no favorece al eslabón del productor
sino al de los grandes establecimientos.
“Yo nunca vi que los valores
en las góndolas defiendan al consumidor cuando las condiciones les
favorecen a la industria”, puntualizó Peterson. “Generalmente –continuó-
sigue pagando más el consumidor y ganando menos el productor.”
Por
eso, el impacto de esta liberación de precios se sentirá en breve y con
fuerza en las góndolas y en los bolsillos de los consumidores.