La protesta de ATE, anunciada hace una semana, generó tensión a lo largo del día. Miles de trabajadores despedidos y dirigentes del gremio llegaron a los edificios en donde estaban contratados y forzaron su ingreso. Allí los esperó, en la mayoría de los casos, un cordón policial que buscó impedir la protesta. Se produjeron choques que no revistieron mayor gravedad, más allá del malestar propio de la situación. En concreto, el sindicato planteó un paro en todas las reparticiones públicas para el 5 de abril, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires habrá una manifestación que tendrá como destino el Ministerio de Economía de la Nación, edificio que se encuentra contiguo a Casa Rosada, en una de las calles laterales que rodean Plaza de Mayo. Para Aguiar, “provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”. En ese sentido, argumentó porqué cree que toda la situación podría ser resuelta por la Justicia penal. “Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, sostuvo.