“Hay que darle una chance a la política. Si no resuelven estos temas, la Justicia lo resolverá”, indicó. Fue una declaración de dos filos: por un lado, se mostró poco partidario de la judicialización de todas las cuestiones políticas. Pero, por otro, fue un doble mensaje al Gobierno y al Congreso: un mensaje que dice que les están dando tiempo, pero que si no encuentran una solución la Corte terminará por intervenir. El planteo es particularmente válido para el caso de las prepagas, donde está en juego el derecho a la salud: hasta ahora, la Corte no hizo nada y observa cómo el Gobierno se enreda entre la desregulación que dispuso y el escenario de aumentos descontrolados que se instaló. Rosatti contestó, en rigor, a una pregunta sobre las demandas hechas por distintas provincias ante la Corte y los tiempos que maneja el máximo tribunal, aunque sus declaraciones pueden leerse como una respuesta más amplia. “No nos gusta que los temas de la política se judicialicen antes de tiempo”, señaló el presidente de la Corte, que había sido invitado a un evento en el Rotary Club. Allí dijo que espera que la política resuelva los temas pendientes (entre ellos, el DNU 70). Por si no había sido suficientemente claro, se mostró partidario de que “se resuelvan en el ámbito parlamentario”. Es decir, en el caso del decreto, en la Cámara de Diputados que, tras el rechazo del Senado, tiene la postestad de anularlo o ratificarlo. No obstante, Rosatti también dejó una advertencia sobre lo que hará la Corte si los sectores políticos no pueden, no saben o no quieren resolver los temas conflictivos planteados entre la Nación y las provincias: “Si no, lo resolveremos en un tiempo razonable”, indicó. No dio pistas sobre cuál sería para él ese "tiempo razonable". Rosatti también dejó una advertencia sobre las tarifas de los servicios públicos. Dijo que la Corte no interviene sobre decisiones políticas, pero sí puede fallar sobre sus consencuencias y dio el ejemplo del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. “El juez no cuestiona la decisión política del gobernante, sino que se pronuncia sobre las consecuencias con un criterio restrictivo. La Corte ya analizó el asunto teniendo en cuenta los parámetros de la razonabilidad o confiscatoriedad de las tarifas”, recordó.