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ya había sufrido la aprobación de la la Ley de Financiamiento 
Universitario. La derogación del DNU obtuvo 49 votos a favor de Unión 
por la Patria, la Unión Cívica Radical (excepto los ausentes mendocinos 
Rodolfo Suarez y Mariana Juri), y tres del PRO (la porteña Guadalupe 
Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De 
Ángeli. El oficialismo apenas juntó 11 y hubo dos abstenciones, del 
macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina. La 
derrota para el Gobierno se sumó a la anterior en la que el Senado 
también el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las 
universidades públicas. Por otro lado, en la Cámara alta dio además luz 
verde a la Boleta Única, que deberá regresar a Diputados. El primero de 
los cachetazos comenzó a gestarse hace varias semanas atrás y la Casa 
Rosada, acostumbrada a jugar al límite, recién ayer planteó una salida a
 la cuestión para evitar que el decreto desembarcara en el recinto este 
jueves. La jugada fue propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich, en un encuentro en Casa Rosada que encabezó el presidente 
Javier Milei. La acción consistió en pedir una sesión especial secreta 
con el objetivo de quitar del temario oficial el DNU de la SIDE. El 
pedido ingresó por la tarde al Senado y fue recibido por la 
vicepresidenta Victoria Villarruel que lo puso a consideración de los 
bloques.
Sin apoyo de la UCR permitió que quede en minoría la 
solicitud del Ejecutivo y que el DNU pueda ser sumado al plan de sesión 
que se aprobó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria con apoyo del 
kirchnerismo, logrando los dos tercios necesarios para plasmar la 
jugada. "Los radicales se dieron vuelta", decían oficialistas en los 
pasillos del Senado por la tarde. Los que de desayunaron de la jugada en
 el lugar fueron dos emisarios del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: 
José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y el secretario del 
Interior, Lisandro Catalán; y la secretaria de Planeamiento Estratégico,
 María Ibarzabal Murphy. Libertarios -con malicia- decían que solo 
vinieron a "mojar el pancito" de la "victoria" por la BUP. Ellos 
argumentaban que estaban solo para terminar de abrochar la ley. El DNU 
de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del
 Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE.
 El decreto le dio $100.000 millones de fondos reservados a la flamante 
secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan 
con Santiago Caputo, asesor principal de Milei. El segundo golpe vino 
por el lado de las universidades. La ley no solo incrementa el 
presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no 
docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, 
lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de 
Presupuesto del Congreso (OPC).
El texto sancionado establece que el 
Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta 
el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos 
de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de 
Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la OPC, la
 actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones 
de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 
millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 
441.600 millones de pesos.
De todos modos, el Gobierno ya advirtió 
que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las 
jubilaciones. De proceder de esa manera, el oficialismo quedará a merced
 de otra masiva movilización como sucedió a principios de abril. Durante
 el mediodía del miércoles tuvo una pequeña dosis con una manifestación 
de estudiantes frente al Palacio Legislativo.
La aprobación fue por 
57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. Para la Casa 
Rosada, el 0,14 por ciento atenta contra la política de déficit fiscal a
 la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo.
Boleta Única, la
 único victoria del Gobierno La aprobación del proyecto que propone 
implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones 
nacionales es el único poroto que se puede anotar en el Gobierno en la 
maratónica jornada. La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30
 negativos. En caso de convertirse en ley se implementaría desde las 
elecciones legislativas del año próximo. La recuperación legislativa del
 proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, 
Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo 
consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única. El 
proyecto tiene media sanción de Diputados desde 2022 y ahora volverá a 
ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado. Según 
esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable 
de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán
 las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada 
distrito. Adoptará el modelo mendocino, provincia donde se vota con este
 sistema, al igual que en Santa Fe y Córdoba, con matices en sus 
formatos. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección 
Nacional Electoral (DINE) sería el responsable de imprimir y distribuir 
las boletas a lo largo y ancho del país.
Su desembarco en el 
hemiciclo electoral se dio gracias a que la Casa Rosada cediera a un 
cambio pedido por la senadora Mónica Silva (Río Negro) el casillero en 
blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de 
los reclamos de los partidos provinciales. A su vez, sumaron los votos 
de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. De esta manera, el 
Gobierno evitó desbaratar el empate virtual de 36 a 36 que congeló la 
BUP durante meses a raíz de que el kirchnerismo se había plegado con sus
 33 senadores al dictamen minoritario que había impulsado Silva, en 
descontento por el botón de lista completa; algo que era apoyado también
 por los misioneros. En este contexto, Milei se presentará el próximo 
domingo ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar el 
Presupuesto 2025. Allí dará el puntapié inicial de nueva batalla que 
deberá librar la Rosada ante dos cámaras legislativas que atraviesan, 
como nunca antes, una profunda fragmentación.

