En marzo de este año, los arroyos Nepostá y Maldonado de Bahía Blanca se desbordaron a raíz de la caída de más de 300 milímetros de agua en pocas horas, provocando anegaciones y una enorme cantidad de destrozos materiales. También se desbordó el Saladillo de García y el Sauce Chico, en General Cerri. Por esta tragedia natural murieron 18 personas, entre ellas, Delfina y Pilar Hecker, las hermanitas que fueron arrastradas por la corriente cuando el auto de sus padres quedó varado en medio del agua.

A comienzos de este mes,  el Congreso sancionó — con 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra (todos de La Libertad Avanza)— la Ley 27.790, que declaró la emergencia por 180 días en las zonas afectadas, y por la cual se obligó al Gobierno nacional a crear un fondo especial de 200 mil millones de pesos para el otorgamiento de subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia estatal y la reparación de viviendas de la población damnificada. También fijaba exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local, y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. Sin embargo, para el Ejecutivo, según lo establecido en el flamante DNU, esas medidas ya fueron implementadas a través del Decreto 238/2025, que contempló la creación de un régimen especial con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad, denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.). En ese sentido, destacó que mediante este DNU se llegó a subsidiar a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos —"el 85,43 por ciento"—, y detalló que "los casos bajo análisis representan el 10,55 por ciento, y los rechazos, únicamente el 4,01 por ciento".  Por otro lado, el decreto, que lleva la firma presidencial, señala que "el proyecto de ley sancionado" en ambas cámaras del Congreso no indicaba cuál era la "fuente de financiamiento" de las partidas presupuestarias, lo que lo volvía irregular, según la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156. Además, dejó afuera a la localidad de Coronel Rosales del programa S.U.R., con la justificación de que tanto los informes de la Agencia Federal de Emergencias y del Servicio Meteorológico Nacional identificaron a Bahía Blanca como la más afectada por el temporal del 7 de marzo. "Se relevaron los 66 barrios de la zona con mayor afectación de agua", consignó. El veto devuelve todo el proyecto al Congreso, impidiendo que sea discutido o aprobado nuevamente durante el año legislativo. Por el momento, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, no emitió una respuesta ante el recorte del oficialismo nacional. Milei mantiene una relación tensa con la comunidad bahiense debido a que recién visitó las áreas afectadas cinco días después del trágico temporal. No estuvo presente en las horas más álgidas, ni tampoco sobrevoló la zona.