La defensa pidió revertir las condiciones impuestas en el régimen de visitas y la tobillera ordenadas por los jueces del Tribunal Oral Federal 2. Villar presentó un escrito esta jornada respecto a las condiciones en las cuales la expresidenta deberá cumplir su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Pese a la postura de Luciani y Mola, consideró que "la condenada ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas (por lo menos el Tribunal no ha dado cuenta de ello)". Ante esa situación, el fiscal general de Casación Penal planteó que como no se quebrantaron las condiciones del arresto domiciliario, "no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual". Si bien reconoció que respecto a la seguridad de la propia expresidenta "el domicilio actual no aporta mayores garantías", principalmente si se tiene en cuenta, también remarcó que "la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida". Por ese motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal ante Casación Penal "no presenta oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria siempre que la condenada se mantenga a derecho y, en especial, atendiendo a las reglas de conducta impuestas".