También sancionó la prórroga de la moratoria previsional e insistió con
la creación del Fondo de Emergencia por las inundaciones en Bahía
Blanca, que el propio Milei había vetado. Además, el Senado avanzó con
los proyectos impulsados por los gobernadores para modificar el reparto
de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y hacer coparticipable el
Impuesto a los Combustibles Líquidos, que ahora deberán ser tratados en
Diputados. Acorralado y con la mayoría de los gobernadores en pie de
guerra, el oficialismo intentó desconocer la validez de la convocatoria;
luego, la de los dictámenes. Finalmente, una sospechosa caída del
sistema obligó a votar a viva voz el aumento a los jubilados. Los
libertarios abandonaron el recinto para no legitimar la sesión. Con el
Senado aún sesionando, Milei anunció desde la Bolsa de Comercio que
vetará las iniciativas.
Pese a las presiones de la Casa Rosada, la
sesión autoconvocada reunió un quórum mayor al esperado: 42 senadores se
sentaron en sus bancas para dar inicio a una jornada clave para
jubilados y colectivos de personas con discapacidad, que rodearon el
Congreso en busca de una respuesta política alejada de la crueldad y la
lógica de la motosierra. Como si fuera miércoles, Patricia Bullrich
desplegó un dantesco operativo de seguridad con el objetivo de
desmovilizar la protesta. En total la oposición avanzó con siete
expedientes que expusieron el fracaso del gobierno para negociar y su
fragilidad parlamentaria.
El número necesario para habilitar la
sesión se alcanzó con la presencia de 33 de los 34 integrantes de Unión
por la Patria; los radicales Eduardo Vischi, Martín Lousteau,
Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Mercedes Valenzuela, Daniel Kroneberger y
Flavio Fama; Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila, del PRO; Mónica
Silva, de Juntos Somos Río Negro; y los santacruceños José María
Carambia y Natalia Gadano. La contundencia de las iniciativas aprobados
por unanimidad o con amplias mayorías chocó con la narrativa del
gobierno, que acusó a la Cámara alta de estar protagonizando un “golpe
institucional”. La oposición, ahora, deberá reunir nuevos consensos para
insistir contra los vetos, especialmente en el caso de las
jubilaciones.
Con la sesión iniciada, el oficialismo activó una
burda estrategia: declarar inválida la autoconvocatoria de los
senadores, aunque se trataba de un sesión ordinaria. El encargado de
hacerlo fue el jefe del bloque, Ezequiel Atauche, quien repitió el
libreto dictado por Santiago Caputo desde la Casa Rosada: “La cantidad
de nulidades es infinita, y por ende vamos a impugnar y no vamos a
reconocer los dictámenes ni la validez de esta sesión autoconvocada y
sin antecedentes”. En una interpretación forzada del reglamento, Atauche
se amparó en dos artículos que, según él, impiden a los senadores
autoconvocarse. Las respuestas no tardaron en llegar: fue duramente
cuestionado por obstaculizar el funcionamiento de la Comisión de
Presupuesto —que preside— y que debía haber convocado para tratar los
proyectos. “Debería renunciar a la presidencia de la Comisión”, le
sugirió el senador José Mayans.
En efecto, el jujeño cumple en el
Senado el mismo rol que José Luis Espert en Diputados: bloquear el
trabajo de las comisiones para cuidar el superávit ficticio del gobierno
libertario. Con las comisiones paralizadas, la oposición se autoconvocó
la semana pasada y obtuvo los dictámenes que el oficialismo intentó
desconocer. El primer revés de la jornada llegó cuando los bloques
opositores aprobaron la validez de los expedientes, habilitando su
tratamiento con mayoría simple. Fue entonces cuando la Casa Rosada lanzó
una nueva ofensiva: Patricia Bullrich acusó a Victoria Villarruel de
ser “cómplice del kirchnerismo” y le exigió que abandonara el recinto.
La vicepresidenta intentó salvar al gobierno al considerar que los
dictámenes carecían de validez, pero fue acusada de cometer un “grave
error de intrusión”. “Usted representa al Ejecutivo, usted no puede
considerar; usted debe poner a consideración del pleno. Es como si un
árbitro quisiera patear un penal”, la cruzó Mayans. La votación se
impuso por 42 votos a favor y 17 en contra, y permitió iniciar el debate
tras dos horas de tensas discusiones reglamentarias
Jubilaciones
La
estrategia de Unión por la Patria fue ordenar el tratamiento de los
proyectos de forma tal que obligara a los senadores dialoguistas a
mantenerse en sus bancas. La noche anterior, los diez gobernadores del
extinguido Juntos por el Cambio habían resuelto no respaldar las
iniciativas previsionales. El cronograma fue clave: si se hubiera
comenzado por los proyectos impulsados por los gobernadores, el quórum
habría estado en riesgo. El primer proyecto aprobado fue el que
establece un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones, eleva el bono
extraordinario —congelado en 70 mil pesos desde hace más de un año— a
110 mil pesos y dispone su actualización automática según el índice de
movilidad. También contempla el giro de fondos de la ANSES a las
provincias con cajas previsionales no transferidas. La medida se aprobó
con 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones. Entre quienes
acompañaron el proyecto estuvieron el senador del PRO Luis Juez y el
correntino Camau Espínola, ahora filo-libertario.
Los senadores
tuvieron que votar a viva voz y a mano alzada debido a la caída del
sistema, que dilató los tiempos. “Me dijeron que Atauche fue y sacó el
fusible del tablero. Es una vergüenza lo que están haciendo. Usted
debería salir de la sesión, retírese y entregue la presidencia a Silvia
Sapag”, chicaneó Mayans a Bartolomé Abdala, que presidía en ese momento.
Una hora más tarde se aprobó con 39 votos afirmativos, 14 negativos y
una abstención la prórroga de la moratoria previsional que el gobierno
dejó vencer en marzo. Obtuvo la mayoría de dos tercios de los presentes.
Es el número que deberá analizar el gobierno a la hora de vetar. La
senadora Sapag presidió esa votación, cuyas actas no pudieron difundirse
como es habitual.
Emergencia en discapacidad
El Senado también
sancionó por unanimidad la ley de emergencia para personas con
discapacidad, con 56 votos a favor y ninguno en contra. La norma declara
la emergencia hasta diciembre de 2026, con revisión periódica, e
incluye: la actualización automática del nomenclador de prestaciones en
base al IPC, la recomposición de aranceles a partir del 1° de diciembre
de 2023 según inflación acumulada y la actualización mensual de las
pensiones no contributivas. Durante el debate, el senador Luis Juez
afirmó: “Este tema me atraviesa. La sociedad mira, pero no ve. Quizás
hay una mirada de lástima, pero nuestros hijos son invisibles. No puedo
hacerme el tonto, esta ley viene a reparar”. El cierre estuvo a cargo de
Anabel Fernández Sagasti que habló de una crisis de valores: “Hay una
emergencia moral y de valores. Esto no es un tema entre privados, como
dijo el Gobierno nacional. Ni siquiera es una cuestión de caridad. Es
una cuestión de derechos, y de derechos internacionales”.
Emergencia para Bahía Blanca
Por
segunda vez, el Senado aprobó por unanimidad la emergencia para Bahía
Blanca y rechazó el veto impuesto por Javier Milei con 51 votos
afirmativos. El presidente había vetado la norma mediante un decreto
publicado el 24 de junio, alegando que el Ejecutivo ya había girado los
200 mil millones de pesos previstos en la ley sancionada por el Congreso
para atender el desastre climático. Finalizada la votación, la senadora
Juliana Di Tullio traspasó la responsabilidad a la Cámara Baja: “Así
como la Constitución contempla el veto presidencial, también contempla
la insistencia del Senado con dos tercios de los presentes. Aunque Milei
no quiera, nosotros insistimos. Ahora debemos alcanzar los dos tercios
en Diputados para que efectivamente sea ley”.
La hora de los gobernadores
Con
cuatro derrotas acumuladas, el gobierno sufrió un nuevo revés cuando el
Senado comenzó a tratar los proyectos impulsados por los gobernadores
para automatizar el reparto de los ATN y hacer coparticipable el
Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Ambos fueron debatidos sobre
tablas al no contar con dictamen previo y habilitados con una mayoría
agravada de 54 votos. Las dos iniciativas se aprobaron con 56 votos a
favor y solo uno en contra, el de Luis Juez. Ahora deberán obtener media
sanción en la Cámara de Diputados.
“El superávit no se va a caer
con estos proyectos. Ya se cayó y se sostuvo en las provincias,
universidades, jubilados y los más vulnerables. Ésta es la verdadera
situación. Tienen controlados los principales precios de la economía:
acuerdos salariales, tipo de cambio, y precio de bienes y servicios"
dijo el senador Fernando Salino vicepresidente de la comisión de
Presupuesto y Hacienda del Senado.
La ofensiva de Milei contra los
mandatarios, declarando la guerra a las provincias en la antesala de la
sesión, no logró frenar la avanzada.