
Hay algunos detalles por resolver. Uno de ellos es si el blanqueo
laboral que se presentará tendrá costo cero para el empleador o
descuentos importantes. Pero la gran parte del trabajo está cerrada.
Como el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias de Congreso para
encarar la discusión, las organizaciones empresarias empiezan también a
moverse y buscan profundizar en el tema ya que hasta ahora no tuvieron
nada en términos oficiales. Según pudo saber Ámbito, en algunas
entidades están llamando a abogados laboralistas para estos días, para
tratar de entender algunas implicancias. Y lo que más temen en este
contexto es la potencial conflictividad con el sindicalismo. Las
industrias pymes están atravesando un año lamentable, con cierre o
despidos. Según datos de la Unión Industrial Argentina este año están en
el nivel más alto de empresas que comienza a plantear suspensiones o
cambios de horarios. No será de extrañar que se incremente el número de
firmas que aprovechen enero y febrero para “paradas técnicas” y pasen a
licenciar a todo su personal. Por eso, tienen temor: no es un momento
para sumar un conflicto por una ley. Recientemente, el abogado Julián de
Diego, que trabaja en los equipos que redactan la reforma, señaló que
la ley en sí misma “no genera empleo sino el crecimiento económico”.
Desde la mirada de las pymes más tradicionales existen dudas. Fabián
Castillo, de la Federación de Comercio de Buenos Aires (FECOBA), plantea
que su entidad representa a 118.000 pymes, pero de diferentes sectores.
Lo que a algunas les puede servir a otras no. En Fecoba se puntualiza
la necesidad de que la reforma incluya un capítulo sobre la formación
profesional, con instrumentos del Estado que ayude a las pymes a
mantener actualizada la mano de obra. Por su lado, la Unión Nacional de
Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP) asegura en un reciente
documento que a igual nivel de actividad una reforma laboral permitiría
generar más trabajo que si no la hubiera. “El empresario pyme se
encuentra atrapado en un laberinto: no cuenta con la estructura ni los
recursos económicos para navegar la maraña burocrática actual, y los
costos de cumplimiento son asfixiantes. Sin embargo, el riesgo de no
cumplir —o incluso cumpliendo la ley a rajatabla— puede ser letal”,
señala la entidad. UNEPP sostiene que “las cargas sociales desmedidas,
el sindicalismo obsoleto y una justicia laboral desconectada de la
realidad parasitan la vitalidad del sistema, condenando a la gente a la
precariedad e informalidad”. “En definitiva, una reforma laboral de
fondo que modifique realmente las reglas de juego y el rol de los
actores intervinientes (justicia laboral y sindicalismo) generaría
empleo genuino a igual nivel de actividad. Esto no implica menos
derechos, sino más y mejores oportunidades para todos”, dicen desde la
entidad.
Algunos de los puntos de la reforma que trascendieron
Uno
de los puntos que se analiza es que exista una relación entre
remuneración y productividad. Los salarios básicos van a seguir
existiendo, pero las empresas podrán plantear bonos e incentivos en caso
de superar ciertos objetivos. Esto funcionaria para las actividades en
las que se producen bienes transables.
En materia de despido se
propone la creación de Fondos de Asistencia Laboral, con un aporte del
3% de la masa salarial a cargo de la empresa.
Se propone también el
pago de una parte del salario en especie. Es decir, que una parte del
sueldo se pueda abonar con tickets de supermercados, por ejemplo.
También se habilita al pago en dólares.
En cuanto a las jornadas
laborales, se propone también una mayor flexibilidad para los casos en
que una empresa tenga mayor ritmo de producción en determinados momentos
pueda disponer alargar la jornada y compensarlos con jornadas más
cortas.
En el tema de vacaciones. Se plantea que se puedan fraccionar
hasta períodos de 7 días. El empleador tiene la obligación de
otorgarlas al menos una vez cada 3 años en verano.

