
Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto
de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de
Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van
desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la
Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema. Los
kirchneristas se reparten los lugares entre ellos, sin apertura de
diálogo ni ningún tipo de consenso", afirmó a LPO el asesor de uno de
los gobernadores. En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la
Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo
tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por
el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés
para cualquier gobernador. Uno de ellos fue terminante: "Con lo de la
AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno".
"Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y
ahora hay mucha calentura", agregó.En ese contexto, Máximo Kirchner fue
uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los
tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves,
en una escandalosa sesión, y juraron luego de esperar escondidos atrás
de las cortinas. Escándalo en Diputados: Menem acordó con el
kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO. "Que
el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el
kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede
empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte",
afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes
del país. Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó
con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela
Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio
Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del
peronismo que discuten el liderazgo de Cristina. Que el Gobierno haya
aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por la
Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de
los jueces federales y la Corte. La irritación se monta, además, sobre
la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de
las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del
Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de
las cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina:
además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su
colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los
legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. Por eso, los jefes
provinciales del peronismo volcaron este viernes su bronca en el grupo
de WhatsApp que comparten. "Los kirchneristas se reparten los lugares
entre ellos, sin apertura de diálogo ni ningún tipo de consenso", afirmó
a LPO el asesor de uno de los gobernadores. En esa cuenta cargan la
AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de
diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina
en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un
nicho de sumo interés para cualquier gobernador.
Uno de ellos fue
terminante: "Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos
directamente con el gobierno". "Cristina tensó hasta donde pudo, después
mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura", agregó. Cerca
del líder de La Cámpora explicaron que "Máximo fue parte de la
negociación porque representa una parte importante del peronismo, fue
consensuado, no se entiende que haya gente disgustada". LPO informó
sobre la voluntad de los gobernadores por acordar con el gobierno los
cargos judiciales vacantes. Es verdad que, en el enjuague que se
cristalizó en la madrugada de este jueves, los gobernadores del norte se
llevaron un auditor, pero la centralidad del acuerdo la tuvo Máximo
Kirchner.. En este marco, Cristina dejó trascender que hasta marzo no se
discutirán las vacantes en el Poder Judicial, una afirmación lógica
porque los pliegos se analizarían cuando el Senado retome sus sesiones
ordinarias. LPO reveló que Cristina quería convertirse en la
interlocutora del gobierno en el debate por la reforma laboral y la CGT
habría terminado de comprenderlo esta semana, cuando José Mayans
comunicó que los peronistas no integrarían la comisión de Trabajo en el
Senado ante la ilegalidad de la conformación diseñada por Patricia
Bullrich para despojar a sus opositores. Fuentes legislativas comentaron
a LPO que los dirigentes sindicales habrían planteado que el peronismo
debía dar la discusión en cada instancia para introducir modificaciones,
pero el formoseño habría seguido indicaciones de Cristina, con la
amenaza de preparar el terreno para impugnar el desarrollo irregular del
trámite en sede judicial. Un senador y un diputado, por caso,
admitieron que la jugada de la AGN habría circulado en la conversación
con los gobernadores y luego habría llegado al bloque peronista, donde
discutieron el asunto Máximo, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz.
Esto acaso revela que la tensión entre Cristina y los gobernadores por
quedarse con la interlocución del Gobierno, no necesariamente conduce a
una ruptura.

