Encuestas publicadas en los últimos días y especialistas en estudios de
opinión pública confirmaron que la mandataria, tras siete años de
ejercicio de la primera magistratura, conserva una imagen positiva entre
la población que oscila entre el 40 y el 47%.
En ese sentido, un
relevamiento de la Consultora Aresco publicado por el diario Crónica el
último domingo, sobre la intención de voto de 4.000 personas de todo el
país, refleja que el 47,5% de los encuestados tiene una imagen positiva
de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en
función de que un 24,6% la consideró "muy buena" y un 21,6% la evaluó
como "buena".
A la vez, la consultora Poliarquía, que también
consultó sobre la aceptación popular de la imagen de la actual
mandataria, recogió que Cristina mantiene una aprobación de un 40%,
cifra que se eleva al 64% si se considera a quienes no tienen una
valoración negativa de la Jefa de Estado.
Para Fabián
Perechodnik, director de Poliarquía, "Cristina Fernández de Kirchner se
constituye en el primer Jefe de Estado que transita su último año de
mandato con tan marcado nivel de aceptación", según informó el diario la
Nación este domingo.
Por su parte, el analista político
y director del centro de estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, sostuvo
ayer en declaraciones a Radio Ciudad, emisora dependiente del gobierno
porteño, que no le sorprende que la Presidenta cuente actualmente con
alrededor de un 40 por ciento de imagen positiva, “tanto en un análisis
comparado” con otros gobernantes, como en un “análisis histórico” de lo
que ocurrió en otras situaciones con otros mandatarios.
Fraga ya
había considerado días atrás, en una entrevista en radio La Red, que
“normalmente, si un gobierno pierde una elección de medio mandato (en
referencia a los comicios de 2013), se le complica la economía, el
presidente no tiene reelección y las encuestas dicen que perdería el
oficialismo la elección siguiente, normalmente el poder se debilita”.
“Esto
es lo normal en política", dijo Fraga pero "no está sucediendo así",
dado que "el Gobierno está haciendo un ejercicio de poder realmente muy
fuerte”.
“El Congreso está más alineado que antes, consigue cosas
que antes no lograba sacar y los gobernadores e intendentes mantienen
un alineamiento realmente muy fuerte”, y “pese a que teóricamente el
Gobierno debería debilitarse, está con un ejercicio de poder cada vez
más contundente”, señaló.
El 28 de octubre de 2007, Cristina
Fernández de Kirchner consiguió 8.651.066 votos y más de 22 puntos
porcentuales de diferencia con la fórmula de la Coalición Cívica, que
lideraba la actual diputada Elisa Carrió, que obtuvo 4.401.981 votos
(23,04%). En tercer lugar se ubicó el binomio Roberto Lavagna-Gerardo
Morales, que representaba una alianza liderada por la UCR y que se alzó
con 3.229.648 sufragios (16,91%).
El primer mandato de Cristina
(reelecta en 2011 con el 54,11% de los votos) debió enfrentarse a tres
grandes desafíos, como fueron el conflicto por las retenciones a las
exportaciones de granos y la redistribución de la riqueza impulsado por
las corporaciones agraria y mediática; la crisis financiera
internacional detonada en 2009; y la muerte del ex presidente Néstor
Kirchner, compañero de vida de la mandataria y líder del proceso
político abierto el 25 de mayo de 2003.
Sin embargo, su gobierno
estuvo signado por medidas tendientes a la inclusión, la ampliación de
derechos y la soberanía política como la sanción de las leyes de
Servicios de Comunicación Audiovisual, de Matrimonio Igualitario y de
Movilidad Jubilatoria, la creación de la Asignación Universal por Hijo,
la estatización de Aerolíneas Argentinas y de los fondos jubilatorios en
manos de las AFJP, entre otras.
Ese rumbo político se profundizó
durante su segundo mandato con decisiones estratégicas como la
recuperación para el Estado de la petrolera YPF; la reforma de la carta
orgánica del Banco Central; la ampliación del derecho al voto a partir
de los 16 años en todo el país; la reforma y actualización del cuerpo
normativo jurídico argentino, como la unificación del Código Civil y
Comercial, y de los Códigos Penal y Procesal Penal; y la defensa de la
reestructuración soberana de deuda alcanzada por el país en 2005 y 2010 y
boicoteada por los fondos buitre y la justicia de los Estados Unidos.