“Habría que decirle a los senadores que cuando se ejerce un cargo de
control, como es el que tienen ellos, el primer control tiene que pasar
por ellos mismos”, reafirmó.
Y agregó que “son ellos los que tienen que -en primera instancia- hacer valer los principios que rigen al pueblo de la Nación”.
“Si
se juntan para acordar no cumplir con la votación de un candidato
sugerido por la Presidencia de la Nación, como está estipulado,
directamente se oponen a un mandato constitucional”, explicó.
Por
otra parte, recordó que “la ley también marca el número de miembros que
tiene que haber en el Alto Tribunal” con lo cual, la actitud de los
senadores “también afecta el Poder Judicial”.
“Si tenemos en
cuenta que ingresan entre 10 mil y 11 mil causas por año, y se baja de
cinco a cuatro miembros, estamos recargando a los otros ministros y
entorpeciendo la labor”, indicó.
Para Barcesat, la actitud opositora es una “bufonada” que busca “demostrar que tienen el poder”.
No
obstante, explicó a esta agencia que el acta acuerdo que firmaron para
no nombrar jueces en la Corte hasta después de las elecciones del 2015,
“no tiene valor legal” aunque “es sumamente grave, tratándose de quienes
se trata”.
“A nadie se le escapa que esta conducta está
tipificada penalmente”, insistió; por lo que consideró que “si tuvieran
un poco de autocrítica harían papel picado con ese acta y seguirían
cumpliendo con su deber que es para lo que fueron votados”, remarcó
Barcesat.
El jurista denunció ayer a ocho senadores nacionales
que suscribieron un "compromiso público" para no cubrir la vacante
generada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta después de
las elecciones presidenciales del 2015.
La denuncia es por el
supuesto delito de "sedición", por violación del artículo 230 inciso 2
del Código Penal; y quedó a cargo -por sorteo- de la jueza federal
porteña María Servini de Cubría, quien dará vista a la fiscalía para que
determine si corresponde o no impulsar la investigación.
Los
senadores denunciados son Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos
Reutemann, Fernando 'Pino' Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti,
Ernesto Sanz y Luis Juez; así como cualquier otro senador que pueda
resultar implicado en la pesquisa.