Señalaron que "la ley apunta a equiparar entre quienes tienen poder y
privilegios, con quienes no lo tienen", y añadió que la legislación
"defiende a los consumidores y a aquellos pequeños y medianos
empresarios que suelen pagar los 'platos rotos' cuando el poder
económico avanza con políticas de concentración o presionando por
devaluaciones bruscas".
"Al margen de la grandilocuencia de las
intervenciones de actores supuestamente afectados, la resistencia a la
propuesta reside en impedir normativas que permitan tanto a los
consumidores como al Estado neutralizar las prácticas abusivas de
actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la
comercialización, han podido históricamente incrementar su margen de
ganancia a través de distintas estrategias, pero particularmente
mediante aumento de precios", remarcaron Strada y Letcher.
Afirmaron
que los integrantes del G6 "manejan los precios en la cadena de
producción y comercialización por la concentración que tienen", y
precisaron que "en la Argentina hay 70.0000 empresas chicas y medianas, y
sólo 5.000 grandes".