Preguntado si percibió que los funcionarios del gobierno argentino o
cualquier autoridad argentina haya sugerido que no existía
responsabilidad de los ciudadanos iraníes en el ataque a la AMIA, Noble
respondió tajantemente: "No, de ninguna manera".
"Quiero
aclararle que en la cuestión de la responsabilidad, mi posición como
secretario general de Interpol siempre fue clara y es la posición que
sigo manteniendo hoy. Todas y cada una de las personas acusadas de un
crimen deben ser consideradas inocentes hasta que se pruebe su
culpabilidad en un juicio justo, ante un tribunal que se base en pruebas
que se le presentaron", expresó.
"Respecto de AMIA, la única
cuestión cierta es que el 18 de julio de 1994 un ataque criminal
terrorista se llevó las vidas de 85 personas inocentes e hirió a
centenares de seres humanos. Esas víctimas, sus familias y seres
queridos merecen que los responsables, cualquiera sea su
responsabilidad, sean llevados a juicio", agregó Noble.
Luego, al
ser consultado si creía que fue el objetivo del gobierno argentino
encontrar un camino para llevar a los sospechosos iraníes a un juicio en
el caso AMIA, respondió: "Sí. Estoy ciento por ciento convencido de que
el canciller Héctor Timerman y el gobierno argentino querían encontrar
una forma de llevar a los ciudadanos iraníes, sobre quienes Interpol
emitió alertas rojos, a un juicio en el caso AMIA".
Posteriormente,
preguntado por qué Interpol consideró la firma del Memorándum como "un
paso adelante", señaló que "se reconoció que no se había podido
progresar en los esfuerzos del fiscal Nisman de llevar a juicio a las
personas contra las que se habían emitido alertas rojos. Justamente por
esto, Interpol y su secretario general sostuvimos que se debía impulsar
cualquier iniciativa que sacara el caso de ese estancamiento. Las
víctimas y sus familiares merecen que se avance para intentar llevar a
los culpables a la Justicia".
Al mismo tiempo, Noble, que también
ocupó cargos de relevancia en distintas administraciones
norteamericanas, detalló que tanto la solicitud de emitir, como los
pedidos para levantar las alertas rojas, deben poseer un “respaldo”,
generalmente una orden de captura, “emitida por una autoridad judicial
competente”.
De esta manera, es esa autoridad judicial
competente, “en el caso Amia, el juez del caso”, el único actor
facultado para requerir la cancelación de una alerta roja.