En este punto, Cristina mostró a las cámaras un "proyecto de ley que me
acaban de entregar, y que lo giraré a la Secreta Legal y Técnica (de
Carlos Zannini), para encuadrar esta nueva norma" y que es el "nuevo
sistema de inteligencia, que va a ser remitido antes de mi viaje a
China, el fin de semana, con un decreto convocando a sesiones
extraordinarias a partir del 1 de febrero".
Aseguró que ello "era
una deuda que tenía la democracia, de todos los que hemos estado
gobernando desde 1983" y expresó que "también es necesario que la
justicia comience a repensarse" ya que "hemos visto una calesita
permanente que intervienen en expedientes judiciales, manejan jueces y
que es necesario cortar de cuajo".
En consecuencia,
explicó que impulsa la creación de "la Agencia Federal de inteligencia,
con un director y un subdirector" a cargo,"con acuerdo del Senado y que
se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo".
Argumentó la
Presidenta que con ello "se cambian y se establecen paradigmas
totalmente diferentes" y citó que el nuevo organismo tendrá "un marco
jurídico en que desarrollará sus actividades de acuerdo a la
Constitución nacional y a los tratados internacionales".
Establece
la nueva norma que se hará "inteligencia nacional" con "la reunión y
análisis de información referida a hechos y conflictos que afecten la
seguridad de la nación y sus habitantes" y citó la "prevención de
amenazas internacionales, narcotráfico, tráfico de personas,
ciberdelitos y delitos de orden económico y financiero", como asimismo
"fija un ámbito concreto frente a ataques externos".
Aclaró que
"las actvidades de inteligencia estarán limitadas a investigar delitos
federales complejos o atentados al orden constitucional".
"Esta
es una reforma muy importante", ponderó la jefa de Estado y añadió que
"se establece que la agencia federal será el órgano superior encargado
de estas tareas".
Además, como punto relevante, anunció la
"transferencia a la Procuración nacional de lo que es el sistema de
observaciones judiciales, conocido con el nombre de Ojota, que es el
sistema de escuchas que ordenan jueces y que hoy están en el ámbito del
Ejecutivo".
La Presidenta anunció la disolución de la ex-Side
Cristina
fundamentó esa transferencia en que "el ministerio público fiscal es el
único ministerio extrapoder", por lo que "de ahora en más deberán
dirigirse al ministerio de la procuración fiscal".
Apuntó que
pidió que "este proyecto establece un plazo no prorrogable de 90 días
para entrar en vigencia" y clasifica la información "en confidencial,
secreta o pública según las distintas categorías".
Por otra
parte, Cristina también anunció que "se transfiere la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad" al
nuevo organismo.
Diferenció que "también se crea una limitante,
que establece que toda actuación entre la agencia y funcionarios de
cualquiera de los poderes públicos vinculados a las actividades de la
presente ley, solo podrán hacerlo con el director y subdirector" de la
agencia.
El proyecto de ley prevé, detalló la jefa de Estado, "la
creación de los bancos de protección de datos y archivos de
inteligencia" y "se establecen penalidades para quienes no cumplan con
las disposiciones vigentes" a la vez que también "serán reprimidos
funcionarios y empleados que tomen contacto con los servicios por fuera
de los canales institucionales".