En el documento se pretende rebatir cada uno de los puntos de la
acusación que realizó el fiscal, quien sindicó al gobierno un presunto
plan criminal para "blindar de impunidad" a los iraníes acusados de la
voladura de la mutual judía en 1994. Para los letrados de la
Procuración, la denuncia de Nisman es un "entramado ficcional" y una
"extraña interpretación". "No aporta ninguna prueba objetiva, ni
siquiera indiciaria de la existencia del hipotético acuerdo secreto",
indican.
En el escrito, que se puede leer en la página web de la
Procuración del Tesoro, se afirma que "no existe prueba alguna, siquiera
de carácter 'indiciario', que demuestre la existencia de conductas
atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno
Nacional, susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales" que
adjudicó Nisman. Se destacan informes producidos o remitidos por
Cancillería, el Ministerio de Planificación Federal, la cartera de
Economía, la Secretaría de Inteligencia y la AFIP, así como
notificaciones de Interpol.
En las primeras páginas, la presentación
–que lleva la firma de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y los
subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament– se repasa la acusación
que presentó el fiscal especial de la causa AMIA cuatro días antes de
su muerte: "Destaca la denuncia que la búsqueda de la cancelación de
las denominadas notificaciones rojas de Interpol que involucra a cinco
imputados iraníes, constituyó el eje central del plan delictivo." El
Memorándum de Entendimiento con Irán sería el medio "más visible" para
perpetrar el supuesto plan criminal, por eso, para los abogados del
Estado, el trabajo de Nisman se centra especialmente sobre este
elemento.
El trabajo aborda centralmente, entonces, el Memorándum.
Para los letrados, ni la suscripción del acuerdo, "ni los actos
preparatorios o posteriormente ratificatorios de aquél pueden configurar
ilícitos de orden penal". Tampoco "reflejaría bajo ningún punto de
vista que haya existido intencionalidad, y menos aún acto alguno que
implique el principio de ejecución de un obrar delictivo, orientado a la
supuesta desincriminación de los ciudadanos iraníes alcanzados por las
notificaciones rojas de Interpol", afirman.
Según los abogados, la
"letra expresa" del Memorándum "controvierte la existencia de la
maquinación criminal que indica la denuncia, la que se basa en la
construcción de una hipótesis que prescinde infundada y arbitrariamente
del texto del citado acuerdo, para otorgarle –a partir de conjeturas
construidas sin base seria alguna– un sentido diferente del que surge de
la literalidad de lo firmado por los Cancilleres de ambos países".
Otro
punto de la presentación menciona "las gestiones del Poder Ejecutivo
Nacional en el orden local e internacional en relación con la Causa
'AMIA'". Allí se citan diversas medidas –a través de decretos– que tomó
el gobierno nacional "con el fin de prestar la máxima colaboración con
la tarea jurisdiccional" a nivel local. Se recuerda que en el orden de
la política exterior, el Ejecutivo "reclamó ininterrumpidamente la
cooperación internacional para llegar a la verdad en la investigación
del atentado contra la AMIA". Sobre todo, hacen referencia a las
ponencias de la presidenta ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
A lo largo de las 67 páginas del escrito –en el que se
menciona solamente a la presidenta y al canciller Héctor Timerman porque
la Procuración del Tesoro sólo representa al Estado–, se apunta a "la
ineficacia de los medios intentados para la cooperación internacional".
Los abogados mencionan "alrededor de veinte pedidos de asistencia
jurídica a las autoridades iraníes, según consta en la causa", que
desembocaron en la nada misma. Los letrados relatan que el gobierno
solicitó pasaportes, cuentas bancarias, listados de llamados de
determinados abonados y hasta la detención preventiva de las personas
que poseen pedidos de captura vigentes. "En respuesta, la República
Islámica de Irán, además de efectuar extensas críticas y desacreditar
fuertemente a la investigación, indicó que al no existir acuerdo de
cooperación en asuntos judiciales, ninguno de los dos países estaba
obligado a tramitar esos requerimientos". Así, dan a entender que el
Memorándum era una posible salida al laberinto en el que se encontraba
el expediente sobre el acto terrorista.
Otros de los documentos de
los que se nutre la presentación son informes de carácter técnico
producidos por los Ministerios de Planificación Federal, la cartera de
Economía y la AFIP. En tal sentido, se cita al Ministerio de
Planificación Federal cuando señaló que "no existió la situación de
crisis o emergencia energética que, supuestamente, habría llevado a las
autoridades argentinas a privilegiar el restablecimiento de relaciones"
con Irán "para obtener la provisión de petróleo de aquel origen. Pero
además, el informe del Ministro del área da cuenta de que existían
razones técnicas en virtud de las cuales la República Argentina no
podría comprar petróleo iraní, pues la calidad del crudo de ese origen
no es la exigida por las refinerías locales". Para evidenciar el móvil
Nisman había señalado un supuesto "intercambio de granos de producción
argentina, por petróleo iraní". Con respecto a la exportación de grano
se explica desde la cartera económica "que el comercio bilateral está a
cargo de operadores privados, y no de los Estados involucrados".
"En
lugar de presumir lo que parece más obvio al entendimiento, es decir que
ciertas personas (N. de la R. en referencia a Jorge Khalil y Luis
D'Elía) que operaron invocando los intereses iraníes habrían efectuado
para sí una determinada interpretación de las finalidades perseguidas
con el acuerdo –distinta de la sostenida por los funcionarios del
Gobierno argentino–, el Fiscal Nisman optó por atribuirles a estos
últimos una intencionalidad delictiva al suponer que obraron guiados por
objetivos acordes a los que supuestamente desearon obtener los
mencionados en primer término." A partir de allí, aseguran, el fiscal
"construye un entramado ficcional, que reposa en una premisa inicial, la
cancelación de las notificaciones rojas para la consumación del plan de
impunidad, que se ve desvirtuada con la mera lectura del propio
Memorándum de Entendimiento y de las misivas intercambiadas con Interpol
por el Ministro de Relaciones exteriores y Culto del Gobierno
argentino".
También se citan diversas notas de Interpol, como la del
consejero jurídico del organismo internacional, Joel Sellier, quien en
representación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
General de Interpol expresó que el acuerdo "no implica ningún tipo de
cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a
los crímenes investigados en la causa AMIA".
Para los abogados, el
"designio interpretativo (de Nisman) colisiona en forma expresa con
elementos de prueba objetivos" de la causa.