En ese marco, la nota dirigida a los cancilleres de Estados Unidos y de
Israel, John Kerry y Avigdor Lieberman respectivamente, reitera el
pedido para que "el tema de la AMIA sea incluido en las negociaciones
con la República Islámica de Irán", recordando que el atentado ocurrido
hace casi 21 años costó la vida de 85 personas.
"La Argentina
observa con suma preocupación la creciente frecuencia con que muchos
países son utilizados como escenarios en los que otros Estados
intervienen para definir disputas en función de sus propios intereses
geopolíticos. También nos preocupa ver cómo se utilizan mecanismos de
propaganda abierta o encubierta para tales fines. Mi país rechaza tales
actos y pretende que no sucedan en su territorio", señaló la carta.
Y
advirtió que: "en varias oportunidades hemos expresado que la Argentina
no tiene ningún interés estratégico, ni militar ni de inteligencia y
menos de espionaje en la zona de Medio Oriente. Nos oponemos, por
principios políticos y morales a cualquier acto que promueva la
violencia o la violación de la soberanía tanto en forma abierta como en
forma encubierta. Argentina se ve en la necesidad de reiterar que
nuestro territorio no sea utilizado para fines de intereses geopolíticos
y militares de terceros países".
"El pueblo argentino no tiene
que tolerar, y mucho menos sufrir, que su país sea un teatro de
operaciones políticas, de inteligencia, o peor aún, de hechos y acciones
más graves, por conflictos que le son completamente ajenos a su
historia, a su idiosincrasia y a sus costumbres", agregó.
En otro
párrafo Timerman señaló que "seguiremos confiando en el Poder Judicial
de Argentina, responsable de su esclarecimiento en virtud de la división
de poderes", aunque resaltó que "aún no ha logrado detener, juzgar ni
condenar a los perpetradores de tan aterrador hecho".
Timerman
también recordó el primer atentado del terrorismo internacional sufrido
en Argentina con la explosión de la Embajada de Israel, en marzo de
1992, al señalar que "la responsabilidad de la investigación, por las
leyes diplomáticas vigentes, es de la Corte Suprema de Justicia, la cual
hace años que no informa sobre ninguna actuación o avance en la
investigación".
Del mismo modo, el canciller aludió al terrorismo
de Estado, entre 1976 y 1983, donde "miles de argentinos fueron
"perseguidos, torturados, asesinados y desaparecidos".
"Aún hoy
desconocemos el paradero de 400 niños nacidos en cautiverio y apropiados
por los dictadores y sus secuaces", recordó al destacar que "sin
embargo, no hubo un sólo caso de venganza".
"Ningún represor
murió en Argentina ni en otro país porque explotó una bomba debajo de su
automóvil o por un misil dirigido a su domicilio o por la intervención
militar, decididas cualquiera de estas acciones por el Estado", planteó
el texto que recordó que la Argentina "ha sido, y seguirá siendo una
tierra de redención para millones de personas que fueron perseguidas en
sus países de origen".
El canciller solicitó, también, que "el
personal diplomático acreditado en nuestro país observe las normas y
conductas estipuladas por la Convención de Viena o el derecho local en
los casos no regidos por dicho acuerdo internacional, en especial sobre
la no interferencia en los asuntos internos en las jurisdicciones donde
prestan servicio".
Por último, ratificó el deseo de la Argentina
de "seguir conversando sobre estos temas en cada oportunidad" con el
objetivo de "fortalecer los lazos de amistad que unen a nuestros
países", concluyó.