Sin embargo, la principal hipótesis de la investigación se inclinó a
culpar a la organización Hezbollah, con base en Líbano y apoyada por la
República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual del ataque.
Como
el atentado afectó a una delegación extrajera, la investigación quedó
en manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo de ese año
abrió el expediente 143/1992.
La investigación quedó en manos de
la Comisaría 15 de la Policía Federal. Un dato llamativo es que la Corte
rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los
custodios de la Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada
poco antes de la explosión, quienes fueron citados a declarar, junto al
titular de la comisaría 15, recién cuatro años después del atentado.
Al
momento del hecho, se realizaban obras de remodelación en la sede
diplomática y los familiares de las víctimas pidieron que los
propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos
prestaran declaración en la causa.
El ministro de la Corte
Ricardo Levene, quien estaba a cargo del expediente, formuló en 1996 la
teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo
colocado en su interior.
Otros peritos señalaron la presencia de
una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro,
y que, cargada de explosivos, fue conducida por un suicida que la
estrelló contra la delegación diplomática.
Esa terminó siendo la
versión oficial sobre el ataque que se impuso tras la creación, en 1997,
de una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la
dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario del tribunal que
encabeza el Poder Judicial argentino.
La detención de cuatro
ciudadanos de Pakistán y la imposibilidad de determinar el número exacto
de muertos, son dos hechos que indican la manera en la cual Levene
llevó el caso hasta la puesta en funciones de Canevari.
Los
ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después de ataque y
aunque fueron liberados una semana después, continuaron vinculados a la
causa durante siete años, hasta que resultaron sobreseídos.
En
cuanto a la cantidad de víctimas, se dijo primeramente que hubo 29
fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que hubo
en realidad 22 víctimas fatales.
Ese año, la investigación
pareció cobrar un nuevo impulso, al solicitar Canevari la captura
internacional de Imad Mughniyieh, jefe militar de Hezbollah, que murió
hace cinco años en Damasco, Siria, por un operativo militar ejecutado
presuntamente por fuerzas israelíes.
En 2006, y por impulso de
los familiares de las víctimas, la Corte compuesta por los jueces
Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos
Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la
causa como "imprescriptible".
"Nosotros queríamos que se
considere el atentado como un delito de lesa humanidad, pero quedamos
conformes con un fallo que ordenó que la investigación siguiera", le
confió a Télam la abogada Rita Janá, representante de la querella de los
familiares junto al letrado Ignacio Irurzun.
Con esa acordada,
el tribunal ratificó el trabajo de Canevari, a pesar de los escasos
avances verificados en la investigación, y confirmó las órdenes de
captura pedidas por el secretario.
Fuentes judiciales le
confiaron a esta agencia que la Corte solicitó, hace dos años, a los
servicios secretos de Estados Unidos y Europa que acercaran información
sobre el atentado, pero con distintos argumentos todos ellos se negaron a
colaborar con la causa.
Télam confirmó además que un ciudadano
iraní llamado Hussein Suleiman fue apresado en Jordania, donde habría
confesado haber colaborado con la preparación del ataque, un dato que la
ex SIDE le acercó a la Corte, y que no figura aún en el expediente,
porque no pudo ser respaldado con ninguna prueba documental.
"La
hipótesis que se trabaja en la causa es que una célula entró desde el
exterior, puso la bomba y se fue. Nosotros creemos que debió existir una
conexión local y se debe profundizar en este punto", apuntó Janá.
El
expediente por la voladura de la Embajada, en la que el Estado de
Israel no figura como querellante, acumula 250 cuerpos, mientras las
víctimas siguen esperando Justicia.
El 18 de julio de 1994, otro
atentado voló la mutual judía de la AMIA en el barrio de Once y provocó
85 muertos en un hecho que tampoco pudo esclarecerse y que nadie pudo
desvincular fehacientemente de la matanza de la calle Arroyo.
"Tenemos
que seguir reclamando justicia y pidiendo que la investigación
continúe. Las víctimas del terrorismo de Estado esperaron muchos años
por una Justicia que finalmente llegó. Esa lucha la debemos tomar como
ejemplo y no bajar los brazos. La verdad llegará algún día", enfatizó la
abogada querellante.