Hace cinco años, el Observatorio presentó un recurso de amparo contra el
Gobierno de la Ciudad para que "se impida la utilización de las armas
denominadas 'no letales' Taser X26, por parte de las fuerzas de
seguridad del gobierno local, por consistir en un elemento de tortura".
Esta
medida logró dos fallos judiciales favorables en primera y segunda
instancia, pero hace dos semanas el TSJ porteño revocó la resolución que
impedía su empleo.
El recurso extraordinario fue presentado ante
el mismo TSJ, que tiene que "conceder" esta vía de apelación ante el
máximo tribunal; pero si no lo hiciera, existe un camino alternativo
para llegar a la Corte que es presentar un recurso de queja directamente
allí.
"Creemos que tenemos muchas chances porque hicimos un recurso extraordinario muy sólido", agregó Konfino.
Al
referirse a los principales argumentos contra el uso de las Taser, el
abogado hizo hincapié en las lecciones aprendidas tras la última
dictadura militar y al derecho positivo vigente.
"La
Metropolitana no puede usar estar armas por nuestra historia, pero sobre
todo porque es una cuestión de legalidad: nuestra constitución -local y
nacional- y los tratados internacionales que forman el derecho positivo
en Argentina prohíben la violación a los derechos a la vida, a la salud
y a la integridad física y hemos probado que las Taser generan daño a
estos derechos", agregó.
El amparo lleva la firma del
subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, quien
afirmó que "hoy en Argentina lamentablemente sigue habiendo torturas en
cárceles, pero bien distinto es legalizar la tortura".
"Los que
estamos acá somos víctimas directas o indirectas del terrorismo de
Estado" -destacó el funcionario, cuyos padres fueron torturados y
desaparecidos-, "y entendimos ese mandato de que no se siga pensando la
tortura desde el Estado. Por eso estamos acá y porque la verdad que nos
da vergüenza como argentinos que mientras estamos juzgando o castigando a
quienes torturaron durante el terrorismo de Estado, el jefe de gobierno
quiera tener torturadores por la calle con una neopicana para
reprimir".
Pisoni se refirió también a la multitudinaria marcha
del Día de la Memoria para advertir que "la plaza del 24 le está
diciendo a Macri y al TSJ que lo que hicieron es una burla a la
democracia y al movimiento de derechos humanos, que no vamos a
permitir".
En la conferencia de prensa a la que convocó para
anunciar esta medida, el ODH estuvo acompañado por referentes de
Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), UTE-Ctera, H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el Comité para
la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos
(Codesedh); quienes anunciaron que se presentarán como "amicus curiae
del tribunal" cuando el recurso llegue a la Corte Suprema.
"Este
tipo de armas son peligrosas en manos de policías que ya han demostrado
en la Sala Alberdi (del Teatro San Martín), en el Parque Indoamericano,
en el Hospital Borda que utilizan los medios que el Estado les da para
seguridad de todos, de manera inadecuada y hasta delictiva", aseguró
Luis Duacastella, defensor General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires.
Por
su parte, el copresidente de APDH Ernesto Moreau pidió "dejar de usar
el eufemismo 'Taser' porque se trata simplemente de una picana móvil
para reprimir a las protestas sociales".
En tanto, la
coordinadora de Políticas y Justicia de Amnistía Internacional
Argentina, Leah Tandeter, aseguró que " sólo en Estados Unidos hubo más
de 600 muertes por Taser" en los últimos 14 años, y consideró que el
fallo del TSJ "es regresivo en relación al reconocimiento de derechos"
en nuestro país.
"El Comité contra la Tortura de la ONU ha
declarado ya en 2007 que el uso de este tipo de elementos constituye una
forma de tortura, entonces todos los Estados que han ratificado la
Convención y adoptan este tipo de armas están infringiendo obligaciones
contraídas internacionalmente", dijo.
A su turno, el coordinador
del área jurídica de la CHA, Pedro Paradiso Sottile, afirmó que "este
modelo de represión ha sido utilizado históricamente para toda la
sociedad pero sobre todo para aquellas poblaciones históricamente
perseguidas y vulnerabilizadas en sus derechos, como la comunidad
LGBTTI", y la autorización de uso de las Taser representa "un retroceso
peligroso para la democracia".
En tanto, el titular de UTE,
Eduardo López, afirmó que "en la Ciudad de Buenos Aires no van a dejar
pasar herramientas de tortura nunca más porque estamos presentes
nosotros, las organizaciones de derechos y la mayoría del pueblo
argentino".