A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires,
ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría
ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata,
que informen si los imputados son titulares registrales de studs o
boxes.
La denuncia había sido formulada por la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del
fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos
entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por alrededor de 20 millones de pesos.
Según consta en la
denuncia presentada por Gonella, a través de estos contratos realizados
"usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e
ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el
periodo comprendido entre el 2012 y 2015.
"Se transformó la
excepción en la regla", dijo González en su resolución, al hacer
referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos
excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen
establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la
licitación.
"Necesariamente ese gran caudal de dinero de origen
ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad
impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en
circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera
la apariencia de un origen lícito”, expresó Gonella en su denuncia.
La
causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián
Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de
autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
La
investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de
septiembre luego de la publicación de diversos artículos periodísticos
que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con trascendencia
institucional”.
La Procuraduría consideró la posibilidad del
lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a
la Unidad de Información Financiera (UIF).
De esa información
surgió que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos
patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y
Audi.
El representante del Ministerio Público Fiscal también
destacó que “las contrataciones sospechosas involucrarían la prestación
de servicios de publicidad para distintas reparticiones del Poder
Ejecutivo porteño”.
En este sentido, señaló que La Usina habría
comprado “espacios de publicidad en los medios y luego se los vendería a
un precio mayor a diversas dependencias públicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Finalmente, apuntó que para perfeccionar esta
operatoria se habrían invocado forzosamente razones de "urgencia",
dejando habilitados -de este modo- los mecanismos previstos para la
contratación directa.
De acuerdo a la denuncia original, el
principal contratante de dicha empresa fue la Secretaría de Comunicación
Social porteña, a cargo de Pablo Gaytán, desde diciembre de 2011,
indicando que la mayoría de los contratos directos habrían sido
otorgados por “servicios de publicidad”.
Allí también se consignó
que La Usina ”habría recibido dinero del Ministerio de Desarrollo
Social, de la cartera de Salud y de la Jefatura de Gabinete, todos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fiscal federal
indicó que la PROCELAC había señalado como irregularidades más notorias
la adjudicación de contratos a favor de La Usina entre las que
figuraban las 164 contrataciones adjudicadas por el gobierno porteño a
favor de la productora por un monto total de 19.473.878,80 de pesos.