Así empieza la ola de despidos en la era PRO.
El argumento, a
priori, es legítimo: echar a quienes realmente no asistieron a sus
empleos durante años y cobraban sueldos altos, muchos asistidos por los
gremios menos combativos y que solo defienden a quienes están inscriptos
como planta permanente. Pero la excusa sirvió para desafectar a miles
de asalariados considerados kirchneristas, incluso cuando muchos ni
siquiera simpatizan con el Frente Para la Victoria.
No hay
tantos ñoquis. Y si los hubiese, no son el grueso de los despedidos.
Pero parte de la dirigencia PRO articuló en los ministerios un sistema
para que parezcan. El más grosero se da con los que menos cobran:
cierran programas enteros, les esconden las computadoras, los cambian de
oficinas y les sacan tareas. Luego, viene la evaluación por parte de un
flamante supervisor, con la pregunta de cuál es el trabajo específico
que realizaron en los últimos días. Y ante la respuesta de los empleados
de que están sin labor, llega la advertencia de que son considerados
prescindibles.
Esto afectó a trabajadores de todas las
dependencias, pero se profundizó en La Plata donde se clausuraron
programas de asistencia a los sin techo, en la Secretaría de Comercio,
donde la fiscalización y seguimiento de precios dejó de ser prioridad, y
en varias intendencias bonaerenses. El cierre de programas del Estado
es la metodología por la cual se deja sin trabajo a varios que hasta
ahora trabajaban todos los días incluso hasta altas horas de la noche.
Lo
expuso una de las tantas desafectadas durante los últimos días en su
cuenta de Facebook. "Después de un mes, sin tareas ni comunicación real
por parte de tus nuevos jefes, te avisan –porque preguntaste con
insistencia- el día 29/12 que no te renovarían el contrato que vencía el
31", aclaró esta ex funcionaria del Ministerio de Agricultura, que
asegura que "fueron dos años de trabajo intensos, de laburo constante,
en donde la mayoría de las jornadas laborales superaban mi horario
laboral pactado" y que sus compañeros empezaron a cambiar sus fotos de
Facebook y Twitter, porque es parte de lo que pedían ver los nuevos
jefes.
Hoy, el grueso de los contratados por el Estado tuvieron
una prórroga de sus contratos por dos meses, y en marzo se someterán a
una nueva evaluación. Pero la intención del PRO, por ahora, es clara:
reducir la plantilla, con la legitimidad del 51 por ciento. Es que, si
bien la nueva administración contrató a varios funcionarios nuevos, más
adeptos a la ideología del Presidente, Mauricio Macri, el balance da
negativo y son más los que se van. La mayoría no logró tener un contrato
fijo durante el kirchnerismo, pero eran quienes cumplían las tareas de
los programas con mayor participación en los últimos años.
Ahora, varios de esos programas cerrarán y son varios los que dudan de qué pasará con su futuro.
De
nuevo, el argumento de los ñoquis es válido, pero no el de que se
necesite reducir el empleo público para poder desarrollar el país. Como
estudió el sitio Chequeado, el porcentaje de empleados del sector no
privado es algo superior al de la región, pero muy inferior al del resto
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Entre 15.000 y 20.000 son los corridos durante los últimos días, con la conocida represión en La Plata, pero prometen ser más.