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Garavano volvió a pedir la renuncia de Gils Carbó: "No garantiza el combate de la corrupción y del delito común".

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"Lo que existe, por lo menos claramente, es una clara inacción", remarcó el ministro de Justicia de la Nación, y consideró que esa situación constituye "una deuda institucional" de ese cuerpo "con toda la República". El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, volvió a pedir hoy públicamente la renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de señalar que "no garantiza el combate de la corrupción y del delito común" y que esa situación constituye "una deuda institucional" de ese cuerpo "con toda la República".

"El Gobierno ya se ha expresado marcando que la procuradora no garantiza el combate de la corrupción y del delito común, donde la Procuración debería tener un liderazgo que no tiene y sólo el esfuerzo de fiscales individualmente hace que los procesos penales sigan", señaló Garavano, quien indicó que el Gobierno espera que esa situación "se corrija con la renuncia de la procuradora o bien con el avance de los casos judiciales (en su contra) y del Congreso". 

De esta forma, el funcionario hizo referencia a las causas en la que Alejandra Gils Carbó está involucrada, entre las que puntualmente mencionó una a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que apunta al desempeño de la procuradora en relación a la investigación del detenido empresario santacruceño Lázaro Báez; y a otra que la investiga por la compra del edificio de la Procuración, que se tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini. 

En declaraciones de esta mañana a la radio La Red, Garavano confirmó que el Gobierno, por expresa instrucción del presidente Mauricio Macri, decidió convocar a directivos de la constructora brasilera Odebrecht a aportar información sobre el presunto pago de sobornos en la Argentina ante la Oficina Anticorrupción para que, a su vez, ese organismo derive esa información a la Justicia para su investigación, ante el "andar errático" de la Procuración "en relación a esta cuestión". 

"Hay una deuda institucional que tiene la Procuración con toda la República, con toda la gente, que esperamos que se corrija con la renuncia de la procuradora (Alejandra Gils Carbó) o bien con el avance de los casos judiciales y el Congreso", indicó Garavano en las declaraciones que formuló esta mañana. 

En este sentido, el ministro remarcó que "es el Congreso y la Justicia los que hoy deberían tomar el liderazgo en esta cuestión", luego de recordar que existen "algunas investigaciones en trámite en relación a esta cuestión", que también hay "pedidos de juicio político en la Comisión de Juicio Político del Congreso" y que "la Comisión Bicameral (Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público) está requiriendo información a la Procuración sobre este tema". 

No obstante, Garavano afirmó que, más allá de esas instancias, lo que se ve "a nivel institucional es que no hay (de parte de la Procuración General de la Nación) una agenda vinculada al combate de la corrupción" y que, en el caso concreto de las revelaciones de los directivos de la constructora brasileña Odebrecht en el marco del Lava Jato "no se sabe si hay un acuerdo con la Procuración de Brasil o si hay una estrategia de cómo abordar estos casos de corrupción". 

"Lo que existe, por lo menos claramente, es una clara inacción", remarcó el funcionario en la entrevista que formuló esta mañana a la radio La Red. 

Si bien en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que preside el diputado del PRO Alvaro González, hay al menos nueve pedidos de juicio político contra Gils Carbó, el oficialismo no tiene mayoría en el cuerpo y no logra reunir los 16 votos necesarios para poder abrir una investigación sobre el desempeño de Gils Carbó. 

En tanto, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, titular de la Comisión Bicameral que monitorea el funcionamiento del Ministerio Público, resolvió la semana pasada postergar hasta principios de junio próximo una convocatoria a la procuradora general, que estaba prevista para el jueves último, debido al ingreso de nueva documentación que había sido requerida por diputados de Cambiemos.

La postergación fue resuelta a pedido del presidente del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, y los macristas Silvia Lospennato y Lucas Incicco, quienes solicitaron contar previamente a la presencia de la procuradora con información que el 18 de abril pasado había sido solicitada formalmente a la propia Procuración y al Poder Judicial.

La semana pasada la diputada nacional Elisa Carrió presentó un proyecto para ampliar el pedido de juicio político contra la procuradora por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio en la función pública.

El proyecto incorpora nuevas causales para acusar a Gils Carbó que ya habían sido denunciadas por la legisladora ante la Justicia, vinculadas a operaciones inmobiliarias, ante las “serias dudas respecto de la legalidad de la licitación” en torno al inmueble ubicado en la avenida Corrientes 1615 de esta capital, y el alquiler de otro edificio de la calle Perú 143.

También la semana pasada, Gils Carbó señaló que cada fiscal podrá decidir qué hacer con los posibles acuerdos de colaboración planteados por la constructora brasileña Odebrecht ante la justicia federal, en un escrito en respuesta a un pedido de "instrucciones para responder a la petición", que le hizo el fiscal Federico Delgado.

La aplicación de la Ley del Arrepentido "es decisión de cada uno de los fiscales que intervienen en la investigación de los sucesos vinculados con ese conglomerado empresarial", sostuvo la procuradora en el escrito, en el que, a su vez, valoró el planteo realizado por el fiscal, dado que tendía a "lograr coordinación en la actividad de cada uno de los representantes" del Ministerio Público Fiscal.

"Todos los equipos de apoyo de la Procuración General de la Nación se encuentran a disposición para colaborar con ese alto objetivo", sostuvo Gils Carbó, quien recordó además, en el caso, "ya tienen participación áreas especializadas".

En tanto, en las declaraciones que formuló hoy, Garavano entendió que la procuradora "no podía desconocer" los detalles de las operaciones inmobiliarias, con lo cual consideró que "es importante que la Justicia clarifique qué pasó" con la compra del edificio de la sede de la Procuración. 

"Para un país donde hablamos de luchar contra la corrupción, que exista la sospecha de que la procuradora está sospechada de hechos de corrupción, es en definitiva el colmo que le puede pasar a la sociedad, que las personas encargadas de investigar hechos de corrupción sean ellas mismas investigadas por este tipo de hecho; eso es lo peor que puede pasarle a una sociedad", postuló Garavano, quien también mencionó el caso del camarista Eduardo Freiler, quien está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y cuyo desempeño se encuentra también bajo la lupa del Consejo de la Magistratura.

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23/05/2017 (4175)        compartir en facebook compartir en twitter compartir en Whatsapp



 


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