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Baratta: “La ley no es igual para todos”

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Los reclamos de Baratta ante el juez Bruglia
Contra el juez y los empresarios, “La ley no es igual para todos”

Estaba cerca de terminar la audiencia de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido, ante la Cámara Federal, cuando de golpe se cortó la luz. Pese al enojo por su situación en la causa de (las fotocopias) de los cuadernos, se tomó la escena con humor: “Del tema conozco porque antes lo manejaba yo”, se rió. “Esta zona es de Edenor”, precisó. Baratta volvió a reclamar su excarcelación en una exposición ante el camarista Leopoldo Bruglia, en la que planteó que no entiende por qué él continúa detenido y un amplio abanico de empresarios, con vínculos con el Gobierno, sigue en libertad si “tienen muchas más posibilidades de entorpecer” la investigación. “La ley no es igual para todos”, protestó.

Algunos de los nombres a los que se refirió, como el de Paolo Rocca, de Techint, o Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, aún tienen su situación procesal en veremos tras haber sido indagados por el juez Claudio Bonadio.
Baratta forma parte de un grupo de ex funcionarios y empresarios que siguen presos porque no se acogieron a la figura del arrepentido y debido a que el juez considera que podrían entorpecer la investigación o fugarse. Se basa en la llamada “doctrina Irurzun” (por el camarista Martín Irurzun) que estableció que los vínculos o el poder residual aumentan los riesgos procesales. Por eso, ante la Cámara y en un escrito, Baratta insistió en compararse con los empresarios que están libres o que ni siquiera fueron indagados. Dijo que no entiende qué lazo residual, o medios para escaparse, podría tener él estando completamente lejos del poder. “¿Quién tiene mayor poder de entorpecimiento, estos empresarios o yo? ¿Quién tiene mayor poder residual o actual para entorpecer la investigación con actos propios del Poder Ejecutivo, estos empresarios o yo?”, enfatizó su presentación.
Para ejemplificar la existencia de lo que considera como una doble vara recordó que “un día antes de los allanamientos”, Techint “sacó de sus oficinas computadoras, servidores y otro tipo de documentación. Resultado: ninguna de las personas del holding involucradas hasta el momento está presa”. Se refirió también a Emepa, de Gabriel Romero, uno de los arrepentidos, por su vinculación con el Gobierno. “El grupo Emepa, casi en su totalidad, depende del Ministerio de Transporte, tanto por las obras que realiza como por la concesión de la Hidrovía. Una de sus empresas, PC Publicidad, tiene como director y accionista a Julián Alvarez Echague, hermano de la esposa del ministro Guillermo Dietrich.”
Baratta recordó que estuvo detenido el año pasado en una causa por supuestas irregularidades en la compra de gas natural licuado, y fue liberado el 9 de marzo, para luego ser detenido otra vez el 1 de agosto. “En ambas ocasiones buscaban lo mismo: que me arrepintiese de hechos que no realicé, involucrando a Julio De Vido y Cristina Fernández”, dijo. “Estar preso de esta forma es una verdadera extorsión, no la mentirosa extorsión de la que hablaron algunos empresarios, que incluso fueron beneficiados por la famosa sortija (término utilizado por el fiscal Carlos Stornelli). ¿De qué extorsión hablan si hasta el último día se presentaron a todas las licitaciones? ¿O acaso no ganaban plata haciendo las obras?”. En este punto, Baratta aludió al argumento que usaron los empresarios para decir que los presionaban para pagar a cambio de obras. Dos empresarios “con vínculos con el poder actual, y me refiero a Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo, con quienes mis discusiones por cuestiones tarifarias eran habituales, nunca me denunciaron por extorsión”, afirmó.
Baratta cuestiona por qué personas que se reconocieron en papeles de liderazgo en la cartelización de obras sólo fueron procesadas como miembros de la organización –como el caso de Carlos Wagner y José López, entre otros–. ¿Por qué no se investiga el origen de los supuestos fondos que los empresarios dicen que entregaron? Por ejemplo, sobre Enrique Pescarmona, dijo: “¿Puede un empresario que blanqueó dinero, que concursó a una de sus empresas, que recibió un crédito de todos los argentinos (Banco Nación) y que encima se adjudicó un supuesto delito tener una compañía de seguros?”.  Sobre Wagner y Aldo Roggio, remarcó que en sus declaraciones en otra causa negaron haber hecho pagos. Reclamó que se cite a una lista de empresarios mencionados por los arrepentidos. Se definió como “preso político” y reclamó que lo liberen.

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23/11/2018 (4740)        compartir en facebook compartir en twitter compartir en Whatsapp



 

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