Vale tener presente que el objetivo de las marchas como la de hoy por la
Emergencia Alimentaria fue generar la voluntad política de que el
Estado actúe para garantizar el acceso a los alimentos. De hecho, el
gobierno de Cambiemos tuvo fondos extras aprobados y disponibles para
Políticas Alimentarias desde 2016, pero aunque parezca difícil de creer,
no los utilizó. Incluso en un año electoral como el 2019, el ministerio
de Desarrollo Social subejecutó las partidas presupuestarias destinadas
al envío de comida a escuelas y redes de contención, mientras la suba
de los precios hacía que en los hogares de menores ingresos fuera cada
vez más difícil acceder a las cuatro comidas diarias. Algunos datos
ilustran esta situación:
Hoy son más de cinco millones los argentinos
no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, según el
Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. El
número de personas que no puede proveerse de una alimentación completa y
de calidad nutricional es del doble que en 2016.
Contra el discurso
oficial que asegura que no hubo un gobierno con tanto gasto social como
el que asumió en 2015, lo cierto es que Cambiemos no percibió la
gravedad de la crisis en su verdadera magnitud, ni dio las respuestas
necesarias. En 2017, el ministerio de Desarrollo Social usó sólo el 75
por ciento de los fondos destinados originalmente a Políticas
Alimentarias (y no gastó un solo peso de de la ampliación de su
presupuesto). Lo mismo ocurrió en 2019: para agosto, el Gobierno debería
haber gastado el 70 por ciento del presupuesto destinado a Políticas
Alimentarias, pero sólo había usado el 58 por ciento.
Es sobre este
antecedente que hoy se sanciona la Emergencia 2019. Su importancia,
entonces, reside no sólo en contar con la ley -un instrumento para
reasignar partidas que tendrá vigencia hasta 2022- sino sobre todo en
crear un clima en que el que el problema se mantenga visible y los
gobiernos accionen.
Los fondos liberados por la Emergencia estarán
destinados a todo tipo de comedores y merenderos, incluidos los
escolares, los sostenidos por Cáritas, los de redes municipales y los de
movimientos sociales, que motorizaron los reclamos más sostenidos.
En
los numerosos reclamos que se hicieron a lo largo de este año, las
organizaciones sociales plantearon que con la suba del precio de los
alimentos se dio un proceso doble: recibieron más demanda al mismo
tiempo que Desarrollo Social discontinuaba o recortaba los envíos de
insumos. Uno de los productos que más faltó fue la leche en polvo , que
también fue difícil de encontrar en los supermercados durante los meses
que fueron de marzo a agosto, debido a que su precio de exportación hizo
más rentable para los productores mandarla a Brasil. En las
negociaciones, los funcionarios del ministerio admitían el problema,
señalando que parte de las compras se vieron afectadas por la “falta de
precio”.