Sin embargo, Gabriela Esther Prpic, actual auditora junior de la
Dirección Nacional de Vialidad, dijo no recordar nada del informe
ordenado por el ex titular del organismo, Javier Iguacel sobre las rutas
de la provincia patagónica.
Pero, además, la testigo que había sido
propuesta por la propia fiscalía no sólo no sumó ningún dato
significativo sobre las presuntas maniobras delictivas, sino que en su
brevísima intervención benefició al empresario Lázaro Báez, imputado en
la causa. “Alguien le pidió que hiciera o dejara de hacer algo en
beneficio de Lázaro Báez o del Grupo Austral?”, preguntó una de las
defensas. “No”, respondió Prpic. ¿Recuerda qué decía el informe del año
2016 sobre las obras en Santa Cruz?, interrogó el fiscal coadyuvante,
Sergio Mola. “La verdad, no recuerdo”. ¿Usted recorrió las obras en el
territorio? “No. Yo no fui al Distrito”, dijo.
La comparecencia de
esta testigo en la última audiencia del 2020 fue la síntesis de lo
ocurrido durante todo el debate hasta el momento. Una sucesión de
declaraciones que no sólo no aportaron elementos sustanciales que
prueben los supuestos sobreprecios y el direccionamiento, sino que
rebatieron en forma contundente los argumentos acusatorios. Inclusive,
muchos de ellos fueron más allá, al señalar bajo juramento a la gestión
macrista por sus métodos persecutorios dentro de Vialidad, la
paralización de casi toda la obra pública a partir del año 2016, la
política para el beneficio de privados y el “desguace” del histórico
organismo.
“Las obras existían”. “Sobreprecios de 0,006%, es decir,
inexistentes”. “Iguacel y Stoddart llegaron en patrullero. Nos sentimos
intimidados”. “Vendimos a Austral a buen precio y nos pagaron a
término”. “No entiendo cuál fue el razonamiento que hizo el ingeniero en
petróleo Iguacel para hacer una denuncia a partir de nuestro informe”.
“Había control por parte de la AGN”. Plazos de entrega de obras “al
día”. Redeterminaciones de plazos y precios “habituales” y dentro de los
cánones normales. Todos estos textuales resonaron durante las sucesivas
audiencias, lo que generó un balance positivo para las defensas de los
trece imputados, de cara al receso de verano.
Con audiencias una o
dos veces por semana, jornada tras jornada el Tribunal Oral número 2, a
cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini
llevó adelante el proceso en forma semi presencial, en el año marcado
por la pandemia, no sin momentos de tensión entre las partes.
El
juicio, que de seguir en esta tónica podría terminar sin ningún
condenado, se retomará con la declaración de nuevos testigos el próximo
lunes 8 de febrero del 2021.