LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
Los chats del lawfare: El contraataque de los huemules
Dar vuelta la historia. Al comienzo, la propuesta se basaba en
cuestionar que se había revelado un viaje privado, publicado
por Página/12. Luego la filtración de las conversaciones del contingente
los envalentonó todavía más. Mientras avanzaba una causa en Bariloche
por posibles dádivas, tráfico de influencias, incumplimiento de los
deberes y falsedad ideológica que los comprometería, el encargado de ir a
la ofensiva en los tribunales de Comodoro Py, con esa misma estrategia
que figuraba en los intercambios de Telegram, fue uno de los viajeros,
Pablo Yadarola: el juez en lo penal económico hizo, en efecto, una
denuncia por espionaje en Comodoro Py. Lo increíble fue que le tocó a
otro compañero del tour, Julián Ercolini, quien no tuvo más remedio que
mandarla a sorteo. Ahora la tiene Ariel Lijo, quien a pedido del fiscal
Eduardo Taiano ordenó bloquear el sitio web que filtró los diálogos.
Poco
después de la publicación de este diario, el 17 de octubre, que
revelaba el tour judicial-político-mediático, el abogado Marcelo Eduardo
Hertzriken Velasco hizo una denuncia por posibles dádivas en Bariloche,
que quedó a cargo de la jueza federal Silvina Domínguez y la fiscal
Cándida Echepare. Además de las dudas sobre la invitación era difícil
imaginar que jueces con dominio en causas de impacto político o que
atañen a intereses empresarios se juntaran con directivos del Grupo
Clarín y hombres de Horacio Rodríguez Larreta a aprender pesca con
mosca, como en cierto momento parecieron querer inventar. A la vez, un
integrante del contingente, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo
D'Alessandro, presentó en Comodoro Py una denuncia por la sospecha de
que le habían hackeado el celular o robado la línea. Al parecer, la
jueza María Servini no quiso intervenir en el caso.
Justo esta semana
salieron a la luz dos largas conversaciones en teoría tomadas de su
teléfono, donde se advierte que los protagonistas buscan estrategias
para aparentar que fue solo un viaje de amigos pagado por ellos mismos,
para lo que traman la emisión de facturas a su nombre y piensan como
convencer a periodistas para instalar que los espiaron en esa aventura.
Hay un chat llamado "Operación de Página12" y otro "Grupo Donatto
contrataca". En los diálogos aparecen cada vez más preocupados por las
consecuencias judiciales y la denuncia en el Consejo de la Magistratura,
y hasta amagan con denunciar al jefe de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA), José Glinski. "Nos facturan transfer, alojamiento y
media pensión (...) Y se acabó. Después hacemos denuncia x espionaje",
aparece en boca de Ercolini. "Denunciar espionaje sería muy
interesante", se le adjudica a Yadarola.
La acusación de la fiscalía
El
martes último, Echepare firmó un dictamen donde impulsa una
investigación contra el grupo, define los posibles delitos y afirma
--con evidencias recolectadas-- algunas cuestiones que le dan
verosimilitud a lo que dicen los chats que, de todos modos, ella no
necesita para respaldar la causa. Su documento muestra que,
efectivamente, los jueces Yadarola, Ercolini, el juez en lo contencioso
administrativo Pablo Cayssials, el camarista de Casación Carlos
Mahiques, su hijo Juan Mahiques, jefe de los fiscales porteños, el
ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el ex funcionario
de inteligencia Leonardo Bergroth y el experto en campañas digitales
Tomás Reinke, viajaron a la estancia de Joe Lewis entre el 13 y el 15 de
octubre en un avión privado, que los recibió el presidente de Hidden
Lake SA, Nicolás Van Ditmar, como aparece en imágenes de la PSA, y que
en otro avión pero de Aerolíneas Argentinas habían llegado los
directivos del multimedios Jorge Rendo y Pablo Casey, también imputados,
que se juntaron con el resto en el aeropuerto. A la estancia se fueron
en camionetas de alta gama.
El eje de esta investigación, donde se
presentó con un pedido para querellar el Ministerio de Justicia
nacional, bajo instrucciones del presidente Alberto Fernández, es la
hipótesis de que funcionarios judiciales y políticos pudieron haber
recibido dádivas, ya que el viaje lo habría pagado el grupo de medios y
hay dudas sobre el papel de Hidden Lake, empresa a la que Mahiques padre
benefició en una sentencia el año pasado donde se discutía la
usurpación del territorio. Pero, además, la fiscalía detectó
irregularidades con la emisión de las facturas de la estadía, que se
hicieron a nombre de quienes tienen cargos judiciales o estatales (pero
no de los privados) y con fecha muy posterior al viaje (28 de octubre).
No se emitieron facturas para los dos hombres que no son funcionarios y
tienen libertad de ser invitados. También habría anomalías con las
facturas de los pasajes. Los pagos aparecen al contado, el día del
vuelo. Echepare enumeró facturas por 120 mil y 60 mil pesos que le
fueron entregadas a nombre de algunas personas del grupo. Pero según
informó un especialista del sector a este diario, un vuelo charter en un
Lear Jet a Bariloche cuesta alrededor de 36 mil dólares ida y vuelta; y
si el avión los esperó, seguramente más. En función de todo esto la
fiscalía ordenó medidas de prueba.
Contraofensiva
Los
integrantes del contingente se autodenominan en el chat como "grupo
huemul" en alusión a un ciervo andino en peligro de extinción. Pese al
escándalo que la sola existencia del viaje implica, y lo que pone a la
vista sobre el funcionamiento judicial --el sinceramiento de la relación
promiscua con grandes medios, la política y la disposición al armado de
causas--, algo también reflejado en el último discurso de Cristina
Fernández de Kirchner, los involucrados no dudaron en poner en marcha un
contraataque, con algo que saben hacer: generar causas. Lo hicieron
bajo la acusación de espionaje, una gran ironía en un país que estuvo
atravesado por maniobras de inteligencia ilegal sistemática durante el
gobierno de Mauricio Macri y que cierto sector de Comodoro Py --en
especial en la Cámara Federal-- consideró cuentapropismo.
La
denuncia de Yadarola fue presentada el 3 de diciembre: denunció que
había visto un tuit que aludía a una filtración de conversaciones que
estaban a la venta como pertenecientes un ministro argentino y que lo
mencionaban a él. Era el famoso chat, filtrado por el sitio
https://breached.vc, conocido como Breached Forums. Los hackers pedían
600 dólares por la información. La denuncia le tocó insólitamente a
Ercolini, que era obvio que no podía intervenir. Le pidió entonces a
quien estaba disponible, Marcelo Martínez de Giorgi, pero el lunes
siguiente se sorteó a Lijo. Martínez de Giorgi tomó medidas urgentes. El
fiscal Eduardo Taiano le pidió un informe a la División de Análisis de
Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocer los dominios de los usuarios y cuentas por las que se
hicieron las publicaciones, así como del link patagoniafacts que subió
el contenido. Después le pidió a Lijo que mande a bloquear los sitios
donde era visible la información.
Yadarola agregaba en su denuncia
que el contenido de los chats era falso, algo que comienza a quedar en
duda por la investigación de Echepare. En el caso de esta cronista
Yadarola alude a tres mensajes enviados antes de publicar la primera
nota sobre el viaje a Lago Escondido, con el objetivo de chequearlo, que
efectivamente existieron y, tal como figura en el chat, no tuvieron
respuesta. Al margen de esto Taiano habla de una hipótesis de
"intrusión, interceptación, y/o apoderamiento ilegítimo de
comunicaciones, su publicación y difusión, que, a su entender, pudieron
afectar al magistrado y también a D'Alessandro. El fiscal Taiano admite
el pedido de Yadarola y dice que no puede descartar "una operación de
inteligencia". Ese es el objetivo de los "huemules", victimizarse, algo
que a esta altura será difícil, pero evidentemente esperan tener aliados
en Comodoro Py.
La difusión de las conversaciones filtradas, según
dos especialistas consultados por este diario, está protegida por
estándares internacionales y hasta de la Corte Suprema, por tratarse de
temas de interés público que pueden afectar al funcionamiento del
Estado. En los tribunales de Retiro dicen que están circulando otras
más, que serían complicadas para D'Alessandro. La denuncia de un
supuesto espionaje no debería detener la pesquisa sobre delitos de
jueces, funcionarios y empresarios que exhibe como pocas veces la
obscenidad del sistema de justicia y sus aliados.
09/12/2022 (7081)
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