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 "la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la 
oposición política y sectores concentrados del poder económico y 
mediático" e indicó que "constituye una práctica violatoria de los 
derechos humanos y opera como condicionante en los procesos electorales,
 de la agenda política y la opinión pública".
En su presentación, la 
Secretaría de Derechos Humanos reconoció que no hubo cambios en el Poder
 Judicial desde que llegó a la Casa Rosada, ya que "la persecución 
política en sede judicial se encuentra plenamente vigente" y puso como 
ejemplos los casos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y
 el de la dirigente social Milagro Sala.  También relató que no se logró
 designar un procurador en lugar del interino Eduardo Casal, no se pudo 
avanzar con la llamada reforma judicial ni la del Consejo de la 
Magistratura ni con la ampliación de la Corte.

