
Las actividades son impulsadas por gremios que integran la CTA de los 
Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente 
Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), en el marco de un arco 
diverso de entidades, y arrancarán hoy en la Plaza Lavalle con el 
formato de una asamblea para luego dar lugar a un cierre artístico a 
cargo de los músicos Bruno Arias y Agustín Ronconi, junto a la murga 
Atrevidos por Costumbre.
Los organizadores eligieron movilizarse los 
martes y hacerlo frente a la calle Talcahuano al 500, porque ese día «es
 cuando se reúne la Corte Suprema de Justicia», que tiene su sede en el 
cuarto piso del Palacio de Tribunales, y también porque los martes suele
 emitir sus acordadas o fallos, en los que «decide sobre lo que nos 
afecta o deja de lado aquello que nos importa», señalaron en un 
documento de convocatoria.
La serie de protestas comenzará hoy en ese
 lugar, inspirada en el lema «Argentina sin proscripción», con un 
cronograma que incluye desde denunciar las formas en que los 
trabajadores son atacados desde el sistema judicial (martes 28 de 
febrero) para luego analizar la actuación de jueces y fiscales frente a 
las mujeres y disidencias (7 de marzo), casos de lesa humanidad y 
derechos humanos (14 de marzo) y demandas de jubilados (21 de marzo), 
dijeron los organizadores.
En el pronunciamiento que ya circula por 
las redes sociales, las organizaciones que se concentrarán frente a la 
Corte Suprema plantean que es necesaria una reforma del Poder Judicial 
«para que garantice los derechos del pueblo y no los intereses de los 
poderosos» al tiempo que advierten que «la democracia se vulnera cuando 
está sometida a las decisiones arbitrarias de una mafia judicial». En 
ese comunicado, sostienen que la «mafia judicial» que controla el 
aparato de Justicia «desconoce la independencia de poderes, interfiere 
en las decisiones del Poder Ejecutivo, desconoce leyes votadas por el 
Congreso Nacional y legisla, actuando como brazo ejecutor de políticas 
emanadas desde oscuras oficinas (o lagos escondidos)».
«Las 
decisiones de la mafia judicial afectan a todas y todos, en el ejercicio
 de nuestros derechos colectivos e individuales, en nuestra vida 
cotidiana. Su accionar sepulta las esperanzas del pueblo de vivir en un 
país justo, inclusivo, equitativo en la distribución de la riqueza, un 
país donde todos y todas encuentren la felicidad», continúa el texto. En
 las cuatro jornadas se planteará como uno de los ejes el reclamo sobre 
la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien 
se le dictó en primera instancia la inhabilitación especial perpetua 
para ejercer cargos públicos en el juicio oral de la causa Vialidad.
«No
 hay democracia cuando quienes bregan por la felicidad del pueblo son 
perseguidos judicialmente, encarcelados de manera arbitraria y 
poscriptos para ejercer cargos públicos, cercenando la voluntad del 
pueblo», sostienen los convocantes.

