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 a "la coalición opositora", en refencia a Juntos por el Cambio, y a 
"las empresas infocomunicacionales dominantes en el mercado", a los que 
cuestionó por aludir "en forma sistemática a Radio y Televisión 
Argentina (RTA), Contenidos Públicos S.E. y la agencia de noticias Télam
 desinformando sobre sus fines y objetivos y desconociendo el rol 
inclusivo y federal de su accionar".
Además, objetó que esos sectores
 políticos y mediáticos "insisten en atacar a las empresas de bandera, 
instalando la idea de que no son rentables y considerando la inversión 
pública en estas como un déficit, cuando el lucro nunca fue su 
cometido". Como antecedente, señaló que en los años '90 "hicieron lo 
mismo con la reforma del Estado, cuando privatizaron medios para 
ponerlos al servicio del desmantelamiento del Estado y la destrucción de
 servicios públicos que dejaron en el desamparo a millones de 
argentinos". A través de una declaración, la entidad recordó que "la 
doctrina jurídica" vigente en el ámbito interamericano y plasmada en la 
legislación argentina considera que los medios públicos resultan 
"esenciales para garantizar la diversidad de voces".
En ese punto, 
subrayó que "la existencia de medios públicos de carácter nacional, 
provincial, municipal y de universidades nacionales resulta esencial 
para garantizar, junto con el mundo comunitario, cooperativo y de pymes,
 la diversidad de voces que aseguran el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión".
"Los ataques planificados y simultáneos 
contra la Televisión y Radio Públicas, contra las señales culturales, 
deportivas e infantiles expresadas en Paka Paka, Encuentro o DeporTV y 
la gestión de contenidos federales por parte de Contenidos Públicos S.E.
 así como contra la agencia estatal Télam, intentan condicionar las 
políticas públicas que permiten la expresión de voces divergentes con el
 modelo comunicacional dominante", advirtió también la CCD.
Finalmente,
 la entidad subrayó que los mismos medios concentrados que impulsan esa 
campaña de hostigamiento "nada dicen de los cuantiosos recursos de la 
publicidad oficial o prebendas regulatorias que reclaman al Estado para 
su propio beneficio". La Coalición por una Comunicación Democrática 
agrupa a redes de medios comunitarios y pymes, universidades públicas, 
organismos de derechos humanos, colectivos de género y pueblos 
originarios, organizaciones de la sociedad civil y gremios del sector. 
Fue fundada en el año 2004, con el nombre Coalición por una 
Radiodifusión Democrática (en 2012 se cambió el nombre por Coalición por
 una Comunicación Democrática) y uno de sus primeros pronunciamientos en
 el debate público fue el impulso de los 21 Puntos por el Derecho a la 
Comunicación.

