
 El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría
 de apenas tres votos y la abstención de dos conjuezas, puso fin a una 
batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura de un acceso 
corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre 
la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.
El fallo
 lleva la firma de la jueza Cecilia Criado y los jueces Ricardo Apcarián
 y Sergio Barotto (ambos rechazaron apartarse pese a evidencias que 
cuestionaban su imparcialidad). Solo votaron tres porque sorpresivamente
 se abstuvieron las dos conjuezas María Ignazi y Sandra Filipuzzi, 
quienes fueron designadas para reemplazar a los magistrados Liliana 
Piccinini y Sergio Ceci, que aceptaron las recusaciones en su contra.
Formalmente,
 el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por 
Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de 
Apelaciones de Bariloche, de septiembre 2022, que confirmó la orden de 
abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 
2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado 
había ordenado la apertura del camino como lo había pedido a través de 
un amparo la exsenadora Magdalena Odarda, en 2005.
Desde el inicio de
 la causa, los sucesivos Gobiernos de Pablo Verani, Alberto Weretilneck y
 Arabela Carreras acompañaron todas las apelaciones y recursos 
judiciales de la multinacional inglesa, e incluso llevaron a la 
provincia a presentarse sola cuando la corporación no objetaba alguna 
resolución. Todo para impedir el acceso público al lago.
El camino 
que la Corte rionegrina obliga a transitar en adelante como único acceso
 posible al Lago Escondido es un despropósito absoluto. Se trata de un 
recorrido de 33 kilómetros a través de la Cordillera de los Andes, 
partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, 
subidas y bajadas muy escarpadas y con tramos de bosque cerrado y 
sumamente frondoso.
Semejante trayecto solo puede ser afrontado por 
personas relativamente jóvenes, resistentes y bien entrenadas, con 
equipamiento especial de montaña y un magnífico estado físico que le 
permita sortear una travesía tan peligrosa a lo largo de por lo menos 
tres o cuatro días con sus noches.
A quienes logren surcar la 
Cordillera, al final del camino los aguarda una diminuta playa de 
piedras, cercada por riscos y con varios metros de juncos que se 
interponen con el agua. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste 
del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso 
su mansión, ahora cobijada por el Superior Tribunal de Justicia de Río 
Negro.
Lejos de estar clausurado, el reclamo por el acceso libre al 
Lago Escondido pasará a las instancias federales e internacionales. La 
exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18
 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de
 Derechos Humanos. “No dejaremos de denunciar la responsabilidad penal y
 política de los involucrados”, anticipó Odarda, quien definió al fallo 
como “anti-derechos”.
Prometió además que buscará iniciar el juicio 
político contra los jueces y juezas del STJ, además del procurador 
general de la provincia, “por el delito de traición a la Patria, al 
ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al 
dominio extranjero o menoscabar su independencia e integridad”.
Desde
 que se instaló en la Cordillera rionegrina en 1996, la corporación 
británica Hidden lake ignora cotidianamente la Ley argentina. Viola la 
Ley de Seguridad de Fronteras, que impide a empresas o ciudadanos 
extranjeros poseer tierras en zonas limítrofes, mientras que la Fiscalía
 de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro 
dictaminaron en conjunto que la compañía había adquirido de manera 
fraudulenta las 20 mil hectáreas que rodean al lago.
La Inspección 
General de Justicia reveló que la corporación Hidden Lake es una empresa
 fantasma, una cáscara vacía para ocultar negociados personales de su 
propietario, y pidió a la Justicia su disolución y la expropiación de 
todos sus bienes. Hidden Lake es una firma subsidiaria de la 
multinacional Tavistok, propiedad de Joe Lewis, quien reside ahora en 
Nueva York pero bajo libertad condicional porque semanas atrás debió 
pagar una fianza de 300 millones de dólares para evitar el 
encarcelamiento por 18 cargos de fraude financiero en su contra, 
mientras que en Londres el ministerio público le abrió procesos de 
investigación por operaciones irregulares con criptomonedas y presunta 
evasión impositiva y lavado de dinero en los pases de jugadores del club
 de fútbol Tottenham Hotspur, del que es mayor accionista.

