
 Así lo consignaron fuentes policiales y judiciales, quienes indicaron 
que las detenciones se produjeron en el marco de una causa que tramita 
en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Según trascendió, en 
las pesquisas se pudo establecer que las amenazas eran realizadas «a 
través de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro que 
utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una 
conexión a internet». «Los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas 
de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- 
nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al 
mejor postor en el mercado negro de la denominada ‘deep web’. En ese 
ámbito, el sospechoso luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de 
terceros, utilizaba redes wi fi públicas para realizar los llamados 
intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado», detallaron los 
informantes. Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la 
Superintendencia de Investigaciones Federales, a través de la División 
Delitos Constitucionales, en el marco de una serie de allanamientos 
realizados en el conurbano bonaerense. Los jóvenes detenidos están 
acusados por la serie de amenazas registradas en las últimas semanas a 
estaciones de tren y de subte en la ciudad de Buenos Aires, como así 
también a la Casa de Gobierno, el Congreso, la Cámara Nacional Electoral
 e instituciones educativas.
También, habrían sido responsables de 
amenazas recibidas por funcionarios de primera línea del Gobierno 
nacional, detallaron las fuentes, que también consignaron que se trata 
del mismo grupo que habría estado detrás de la amenaza de explosivos 
recibida en el Complejo C de Chacarita donde funcionó el búnker de Unión
 por la Patria en la jornada electoral del 22 de octubre. La detención 
de los sospechosos se produjo en el marco de la causa que tramita en el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de 
Julián Ercolini. Según fuentes de la investigación, los jóvenes serían 
responsables de «al menos unos 30 hechos de amenazas de bomba» que 
causaron «millonarias pérdidas por la suspensión de los servicios 
ferroviarios afectados».

