
La decisión del gobierno es similar a la tomada en el inicio de la 
gestión de Mauricio Macri, cuando la declaración de emergencia abrió el 
periodo de audiencias para los incrementos de las tarifas de los 
servicios de luz y gas. A ocho años de aquella declaración, el decreto 
firmado por Milei sostiene un panorama similar al indicar la creciente 
obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos 
servicios públicos, su insuficiente adecuación a las necesidades de la 
demanda actual y futura, la falta de inversiones en renovación y 
ampliación de redes.
En el decreto 55/2023 se sostiene que "a partir 
de 2003 en general, y desde 2013 en particular, no han dado señales 
económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias 
acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio", por lo que 
vuelca la responsabilidad de la actual sistema de emergencia en las 
bajas tarifas que cobran las empresas prestadoras, que están 
privatizadas desde la década del noventa. 
Según la información 
volcada en el decreto, las dos principales prestadoras de energía 
eléctrica Edesur y Edenor --a cargo de la distribución en la Ciudad de 
Buenos Aires y el Conurbano-- presentan cifras críticas en la eficiencia
 del servicio. Según el informe del ENRE surge que los indicadores que 
reflejan la calidad del servicio público que prestan las distribuidoras 
exhiben un aumento del indicador de frecuencia media de interrupción por
 usuario para EDENOR S.A. del 55,23 % y para EDESUR S.A. 173,22 %. 
Durante
 la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, se llegó a 
nombrar a un funcionario del gobierno dentro de Edesur para incrementar 
el control del funcionamiento de la empresa, pero no derivó en la 
revisión del contrato con la empresa que cuenta con la concesión  --al 
igual que Edenor-- hasta el año 2087.  
Aumento en las tarifas
A 
pesar del incumplimiento en la calidad del servicio, el decreto no 
apunta sobre las empresas sino que ordena el inicio de una revisión 
tarifaria integral de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben
 entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. Asimismo, 
habilita a implementar adecuaciones transitorias y ajustes periódicos en
 los cuadros vigentes, para garantizar la normal prestación de los 
servicios mientras se realiza dicha revisión.
El decreto dispone la 
continuidad de los interventores nombrados tanto en el ENRE como en 
Enargas durante el gobierno de Alberto Fernández para no demorar los 
procesos de revisión de cuadros tarifarios, mientras que da un periodo 
de 180 días para que se complete la designación formal de los nuevos 
directorios, que deben ser nominados por el Ministerio de Economía y 
seleccionados en el Congreso. En el caso de Enargas, el interventor 
Osvaldo Pitrau ya firmó la convocatoria a una audiencia para revisar las
 tarifas el próximo 8 de enero. 
La definición central del decreto 
está en la readecuación de tarifas al sostener que es el atraso en la 
remuneración a las empresas generadores, transportadoras y 
distribuidoras lo que ha impactado en los planes de mantenimientos 
periódicos y permanentes, en las tareas de reparación y en los recursos 
económicos destinados; y que bajo los esquemas de remuneración vigentes 
no se ha promovido la competitividad de los mercados de producción.

