LA CONFEDERACIÓN
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El oficialismo obtuvo dictamen
El oficialismo logró sellar un acuerdo contrarreloj con las bancadas
aliadas, que se enfrentaron por la reforma laboral que la UCR redactó en
espejo al DNU 70/23 frenado por la Justicia del Trabajo y que pactó su
incorporación al proyecto del Gobierno a cambio de sus votos a favor.
Con la ayuda de opositores aliados, los libertarios más cerca de
privatizar el país. Finalmente la Casa Rosada se inclinó por una reforma
“acotada”, que extiende el periodo de prueba de los trabajadores a seis
meses —con posibilidades de ampliarlo según las empresas a ocho meses y
un año—, elimina las multas a los empresarios por el empleo no
registrado, implementa un fondo de cese laboral optativo para eliminar
las indemnizaciones patronales y establece despidos “justificados” y
penas de hasta tres años por bloqueos o tomas “parciales” de
establecimientos productivos; aunque evitó avanzar (como proponía la
UCR) contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales
y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales.
La oposición dura al gobierno le dispensó críticas y advertencias por el
avance contra los derechos de los trabajadores; mientras que el
triunviro de la CGT, el camionero Pablo Moyano, sostuvo que el intento
de Milei de concretar una reforma laboral fortalecerá el paro general
que la central obrera convocó para el 9 de mayo.
Reforma “limitada”
En
la Casa Rosada no ocultaron su entusiasmo con la propuesta de reforma
laboral que la UCR le ofreció incorporar al texto de la ley Bases como
moneda de cambio por su respaldo. Pero en el variopinto interbloque de
Hacemos Coalición Federal se opusieron a avanzar con una reforma
profunda sin un debate por separado en Diputados. El jefe del bloque de
HCF, Miguel Pichetto, se encargó de comunicar que no acompañaría la
reforma y puso en peligro su aprobación. Por eso se inclinó por la
postura de Pichetto de no avanzar contra las organizaciones sindicales y
recrudecer el enfrentamiento con las centrales obreras. En frenéticas
negociaciones de último momento, los bloques colaboracionistas
elaboraron un texto sobre 17 puntos de acuerdos y avanzar con una
reforma laboral “limitada” cuyos ejes centrales son:
* Se eliminan definitivamente las multas a los empleadores por trabajo no registrado.
*
El período de prueba para los trabajadores tendrá seis meses de
vigencia, pero las convenciones colectivas podrán ampliarlo hasta ocho
meses en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores, y hasta un año
en las empresas de hasta cinco trabajadores.
* El "trabajador
independiente" podrá contar con hasta cinco “colaboradores” para llevar
adelante un emprendimiento productivo, sin que exista vínculo de
dependencia entre ellos ni con las personas contratantes.
* En los
casos de despido sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego
de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador
una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de
servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la
mejor remuneración del último año. Se excluye el aguinaldo y otros
conceptos de pago semestral o anual.
* Mediante convenio colectivo de
trabajo, las partes podrán sustituir este régimen indemnizatorio por un
fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del
empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la
remuneración computable. Los empleadores también podrán optar por
contratar un sistema privado a su costo para solventar la indemnización.
*
La indemnización se agravará en un 50% si el despido está motivado en
un acto discriminatorio si hay sentencia judicial que corrobore el
hecho, donde la prueba estará a cargo de quien invoque la causal.
*
La participación en bloqueos o tomas de establecimientos, ya sean
totales o parciales, configurará una “grave injuria laboral” y podrá ser
tomada como causal de despido. Además, se establecen penas de entre
seis meses y tres años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el
acceso a locales o industrias “con el fin de obtener un beneficio o
causar un perjuicio”.
Críticas
Durante el plenario en comisiones
de ayer los opositores más duros criticaron fuertemente la reforma
laboral del oficialismo y sus aliados. ”Para garantizar el quórum en el
recinto y las firmas (dictamen) accedieron al pedido de un bloque por el
tema reforma laboral: entregaron los derechos de los trabajadores y
trabajadoras argentinas a cambio de firmas en el dictamen y a cambio de
quórum y votos en el recinto”, soltó el jefe del bloque de Unión por la
Patria, Germán Martínez. Además pidió "hacer memoria" con una
advertencia: repasó las tapas de los diarios a lo largo del año 2000,
cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Trabajo,
Alberto Flamarique, impulsaron una reforma laboral que terminó en el
escándalo de las coimas en el Senado para aprobarla y la renuncia del
vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
Myriam Bregman (FIT-PTS) hizo
lo propio: “Lo que están haciendo es ilegal y es anticonstitucional. No
pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la comisión de
trabajo, eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando
una señal a los patrones del Llao Llao, nada más que eso. Es
inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y
todos los tratados internacionales, de derechos humanos y laborales
firmados por nuestro país".
Su compañera de bancada, Romina del Plá
(FIT-PO) ligó los objetivos que el Gobierno se traza con la reforma
laboral y la ley Bases: “Para los trabajadores hay impuesto sobre los
salarios, liquidación del monotributo social y derogación de las
jubilaciones por moratoria. Para los empresarios hay moratoria
impositiva, blanqueo de capitales y reducción de la alícuota a bienes
personales. Si atamos los puntos, una vez más a los trabajadores nos
hacen pagar la fiesta de los fugadores, de los narcos y de los
empresarios".
En tanto, Pablo Moyano aseguró que esta reforma
representa "una condena para los trabajadores". En declaraciones a AM750
dijo que a la reforma "la rechazamos de plano. No podemos permitir que
los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar
ellos mismos”, dijo. Al mismo tiempo, alertó por la pérdida de derechos y
lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a
huelga. "Plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es
regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante a una
medida de fuerza. Es condenar a los trabajadores que llevan adelante una
medida”.
26/04/2024 (8121)
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