La decisión que le hace el juego a la especulación y a la evasión le da
también un revés a la intervención que pueda tener en materia de
investigar el financiamiento del terrorismo o sobre causas que
involucren armas de destrucción masiva.
La decisión fue tomada en el
Decreto 274/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial y le da un vuelco
al histórico funcionamiento de ese organismo autónomo y autárquico. Lo
hace bajo el insólito plateo de que querellar “podría afectar su
autonomía e independencia operativa”, y por presunta recomendación del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “que indicó que nuestro
país debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte
querellante”. Al respecto, el decreto establece que “cuando la UIF haya
agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren
elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un
hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de
financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva, ello será comunicado al Ministerio Público
Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal”.
El
cambio en la legislación que le pone límites a la UIF fue posible por
los atributos que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo a través de la
Ley Bases y en el marco de la supuesta “emergencia pública
administrativa, económica y financiera” en que se sustenta esa
legislación.
$Libra, Vialidad. La disposición de que la UIF ya no
podrá ser querellante en las causas que investiga se da en el singular
momento en que la Justicia y el Congreso investigan la presunta
participación del presidente Milei y algunos de sus funcionarios en la
estafa con la criptomoneda $Libra.