Durante los alegatos, la parte acusadora, en cabeza de los fiscales
Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka, habían pedido 15 años de cárcel
para Germán y 12 para su hermano. Los abogados de Sebastián fueron por
la insania y, en esa misma estrategia, el exdiputado solicitó su
absolución ante los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya
(subrogante).
Las penas
El exlegislador, despojado de su
investidura en septiembre del año pasado tras haber permanecido prófugo
una semana, fue considerado culpable de la tenencia, facilitación y
distribución de material de abuso sexual infantil. Estará 14 años tras
las rejas. El ex diputado de Activar aseguró que no consumía ni
distribuía ese tipo de material y acusó: “El Gobierno sabe que,
destruyéndome a mí, destruye a mi partido, la única fuerza opositora
real de la provincia”. Su hermano, Sebastián, fue condenado a 12 años
de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en
perjuicio de menores de edad; y por el abuso sexual simple de una
adolescente de 15 años. Sus abogados defensores, Eduardo Paredes y María
Laura Alvarenga, habían solicitado que sea declarado insano y que pueda
recibir una medida sanitaria debido a sus adicciones. Ademas, indicaron
que el hombre mantenía una relación consentida con una menor. El fiscal
Glinka, por su parte, consideró que “Sebastián es el chivo expiatorio
de la familia”, cuya inculpación calificó como “un sacrificio cínico” y
criticó las diferentes (y contradictorias) versiones que dieron los
acusados. Además, se quejó de que el hijo del exgobernador Ramón Puerta,
el diputado Pedro Puerta -referente político de Germán Kiczka-, a
través de un escrito, no se haya presentado a declarar en el juicio y
pidió que sea investigado, al igual que el padre de los hermanos Kickza,
en cuya casa en febrero del año pasado fue encontrado el material
pedófilo. En la reconstrucción del caso, el fiscal Rau dio por
acreditado que del allanamiento a la vivienda de Leonardo Kiczka, el
padre de los sospechosos, se encontraron diferentes dispositivos
electrónicos que posteriormente fueron analizados como una CPU, un
pendrive SanDisk, una notebook Acer y un celular Xiaomi Note 8.
«Se
determinó que el usuario de la computadora Acer era Germán Kiczka y se
hallaron carpetas a nombre del acusado. Había imágenes del ex diputado
participando de actos del partido Activar», puntualizó.
Según se
precisa en el expediente, entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de
enero del 24, el entonces legislador descargó y compartió unos 603
archivos de videos y fotos de material que incluía prácticas zoofílicas,
entre otras vejaciones a “niños de muy corta edad”.
“Era yo quien
utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas
a mi hermano por meterlo en este embrollo”, dijo Sebastián durante el
proceso judicial. “No sabía que era ilegal mirar estos videos en
Internet”, argumentó y alegó que en una oportunidad, tras beber cerveza
se puso a “mirar esto porque soy una persona ansiosa, se estiró la
noche, me olvide de la computadora, estaba convencido que eliminé todo
para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”.
En resguardo a
identidad e intimidad de las víctimas, la mayoría de las audiencias del
juicio se realizaron a puertas cerradas y sin público.
La investigación
El
caso se inició el 16 de enero de 2024 a partir de un correo electrónico
enviado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones
Informáticas (Ufedyci) por Tom Farrel, director de Innovación de la
Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition – CRC).
Bajo la
denominada operación “Guardianes de la Niñez”, Farrel sostuvo que
trabajaba junto al Centro Internacional para Personas Desaparecidas y
Niños Explotados (IMEC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de
identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores
que comparten material de este tipo. En ese marco, aportaron las
direcciones IP involucradas en los hechos ubicadas en la Argentina.
Pocos días más tarde, la justicia ordenó una serie de allanamientos que
dieron con los hermanos Kiczka, entre otros sospechosos de integrar una
red.