La otra cuestión que puso de relieve la presentación judicial de la
central obrera es que la normativa dictada por el Poder Ejecutivo no
solo choca de frente con la legislación nacional sino también con la
internacional que tiene rango constitucional.
En su resolución, la
jueza Fullana reafirmó la competencia de la Justicia laboral para
resolver el amparo presentado por la CGT, a pesar de los intentos del
Gobierno de moverla al fuero Contencioso Administrativo; y admitió el
amparo de la central obrera para suspender provisoriamente los artículos
2 y 3 del DNU 340/25. Un proceso similar al que ocurrió en las primeras
semana de la gestión de Milei, cuando intentó avanzar sobre el derecho a
huelga con el DNU 70/2023, aún vigente y a través del cual argumentó
poder utilizar las facultades delegadas para volver a arremeter sobre el
derecho a huelga. La jueza desestimó el intentó del Gobierno de mover
la causa al fuero Contencioso Administrativo y, en línea con el dictamen
del Ministerio Público Fiscal, ratificó que "no es sino la Justicia
Nacional del Trabajo la que debe entender en una contienda en la que
resulta inobjetable el contenido de derecho social".