La intención oficial es establecer un mayor control político sobre las áreas de estudio, especialmente en un contexto donde la gestión libertaria cuestionó públicamente investigaciones en el campo de las ciencias sociales y humanidades. “Queremos poder definir qué se investiga y qué no, para priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman”, deslizaron desde despachos oficiales, en alusión a algunos trabajos que consideran alejados de las necesidades concretas del país. El decreto ya pasó por los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal. Si bien algunos sectores del oficialismo aseguran que la iniciativa ya cuenta con el visto bueno del presidente Javier Milei, otros afirman que su publicación podría demorar más de lo previsto. En paralelo, el Ejecutivo ya definió cambios en otra pieza clave del sistema científico: la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), encargada de financiar proyectos de investigación. La nueva conformación de su directorio pasará de once a tres integrantes, todos de designación directa del Gobierno. La Agencia depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y administra fondos estratégicos como FONCyT, FONTAR y FONARSEC.