
La situación salió a la luz gracias a fotografías aportadas por vecinos
que, conociendo perfectamente el rol de Andrade en la Municipalidad, se
enfurecieron al descubrir la existencia del depósito clandestino. Para
ellos, la irregularidad no es solo administrativa sino moral: Andrade
goza de privilegios que otros comerciantes no tienen, protegida por su
lugar de poder, mientras que cualquier otro ciudadano que intente lo
mismo terminaría clausurado y multado por los inspectores que ella misma
dirige. Cuando fue cuestionada por esta situación en el interior de la
Municipalidad, su explicación fue simple y breve: el depósito pertenece a
un "amigo". Una respuesta que, lejos de resolver el problema, lo vuelve
más evidente. Porque la pregunta que resuena entre los vecinos que
aportaron las fotografías es la misma que se hacen muchos comerciantes
de la ciudad: ¿qué pasaría si cualquiera de ellos alegara que su negocio
sin habilitación pertenece a un "amigo"? La respuesta es obvia. Los
inspectores municipales, bajo las órdenes de Andrade, no aceptarían esa
explicación ni por un segundo. La normativa municipal es clara y no
admite medias tintas. La Ordenanza 2548-CM-14, sancionada originalmente
como proyecto 543/14 en el año 2014, regula específicamente la venta y
comercialización de bebidas alcohólicas en Bariloche, incluyendo los
depósitos y distribuidoras mayoristas como el que funciona en la casa de
Andrade. Esta ordenanza, que la directora de Inspección conoce mejor
que nadie dado su rol, establece que para operar un depósito de vinos se
necesitan dos habilitaciones: la habilitación comercial común según la
Ordenanza 3018-CM-2018, que es el Código Único de Habilitaciones de
Actividades Económicas Municipales vigente, y una licencia especial para
la comercialización de bebidas alcohólicas que debe tramitarse en la
Secretaría de Hacienda y renovarse cada dos años.
Las obligaciones no
terminan ahí. Las distribuidoras mayoristas tienen la obligación de
informar al municipio cada seis meses qué comercios compraron bebidas
alcohólicas y las cantidades adquiridas. Más aún, está prohibido vender a
comercios que no posean habilitación municipal. Es decir, todo el
sistema está diseñado para que haya control, trazabilidad,
fiscalización. Todo lo contrario de lo que sucede en el depósito de
Esandi, donde las botellas entran y salen sin registro, sin
habilitación, sin que nadie pague las tasas correspondientes.
La
situación de Andrade no es sólo irregular sino doblemente incómoda. Como
funcionaria municipal, debería cumplir con la normativa que ella misma
supervisa. Como Directora de Inspección, su área tiene la
responsabilidad directa de controlar que los comercios estén ajustados a
estas regulaciones: que tengan habilitación comercial, que paguen las
tasas correspondientes, y que, en el caso específico de la venta de
alcohol, cumplan con toda la normativa vigente. Es decir, precisamente
lo que no se cumple en su propio domicilio. La ordenanza también prohíbe
la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado desde las 23 hasta
las 8 horas, establece multas que van desde los dos mil hasta los diez
mil pesos según la infracción, y en casos de reincidencia contempla la
clausura temporaria o definitiva del establecimiento y la baja de la
habilitación comercial.
Fuentes municipales señalan que Andrade
habría presentado su renuncia, aunque esta información no ha sido
confirmada por las autoridades del municipio. Lo que sí está confirmado
es que ésta no es la primera vez que el nombre de la funcionaria aparece
en una controversia interna. Hace tiempo, Andrade había denunciado a
Contin, el juez de faltas municipal, por maltratos. Una denuncia que
quedó en el aire sin resolución pública pero que dejó cicatrices en la
relación institucional.
La Municipalidad de Bariloche ha
intensificado en los últimos meses su fiscalización sobre la venta
irregular de bebidas alcohólicas, incluso en viviendas particulares,
como parte de sus operativos de control. Apenas hace unas semanas,
durante un operativo de prevención sobre pirotecnia, se anunció que
también se actuaría frente a la venta no autorizada de alcohol en
domicilios privados.
La explicación del "amigo" que sería el
verdadero dueño del depósito no exonera a Andrade de su responsabilidad.
Porque incluso si el negocio no es técnicamente suyo, la actividad
comercial se desarrolla en su propiedad, bajo su techo, en un terreno
que está a su nombre. Y la normativa municipal, esa que ella conoce al
detalle, no distingue entre propietarios de comercios y propietarios de
inmuebles donde funcionan comercios sin habilitación. La falta es la
misma, la irregularidad idéntica. Lo único que cambia es que quien
debería estar del otro lado del mostrador, fiscalizando, resulta ser
quien está infringiendo. Los vecinos que denunciaron con fotografías lo
saben, los comerciantes que son multados por infracciones menores lo
saben, y seguramente también lo sabe Andrade.

