
A partir de ahora, la gestión operativa, técnica y administrativa de la
terminal marítima será asumida por el Estado nacional, aunque la
intervención puede extenderse más allá del año inicialmente previsto si
las anomalías no se corrigen. Según lo explicado por la ANPYN, la
decisión responde a la detección de desvíos de recursos que, en lugar de
destinarse al mantenimiento y mejora del puerto, habrían sido
utilizados para otros gastos de la administración provincial, lo cual va
en contra de la normativa vigente. Además, las inspecciones realizadas
habrían evidenciado deficiencias operativas, riesgos en la
infraestructura y falta de respuestas por parte de las autoridades
provinciales ante los pedidos de regularización.
Desde el organismo
también remarcaron que la medida se tomó ante la falta de respuestas
concretas a inspecciones previas, denuncias de vaciamiento por parte de
trabajadores portuarios y la preocupación de empresas navieras que
operan en el puerto. La intervención ocurre en plena temporada de
cruceros, lo que generó tensiones políticas con la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo gobernador
cuestionó la decisión y aseguró que las operaciones de la terminal
continúan con normalidad.
Tierra del Fuego anticipó que irá a la Justicia contra la intervención del puerto de Ushuaia
El
gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
anticipó que irá a la Justicia en contra de la intervención del puerto
de Ushuaia decretada este miércoles por la Agencia Nacional de Puertos y
Navegación (ANPYN). "Hay un avasallamiento importante sobre la
autonomía de la provincia", indicaron en la gestión de Gustavo Melella.
Fuentes de la administración fueguina anticiparon a Ámbito que trabajan
"la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos
vuelva a tener autonomía real y concreta". "Será una estrategia
netamente legal. Vamos a ir a la Justicia", confirmaron en diálogo con
este medio.

