
El Ministerio Público Fiscal avanzó con una investigación por omisiones
de pasos o alteraciones concretas en el concurso que define quién se
queda con la concesión de un negocio millonario, que involucra a
capitales internacionales con intereses argentinos. El dictamen del
Ministerio Público, que quedó circunscripto a la Procuraduría
Investigaciones Administrativas (PIA), consideró que algunos pasos del
proceso de licitación "merecen reproche administrativo y podrían derivar
en consecuencias penales". En ese sentido, señaló que si bien la
Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó los pliegos del
concurso, el organismo judicial recibió "una serie de denuncias y/o
presentaciones en las cuales se señalaban irregularidades del
procedimiento y los pliegos licitatorios" provenientes de organizaciones
ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios e incluso una de
las firmas participantes. En su presentación, rubricada por el fiscal
Sergio Leonardo Rodríguez, la PIA constató "una grave vulneración al
principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos
para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas". Ante
ello, consideró que la "ausencia de reglas claras otorga a la Comisión
Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la
posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma
subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres,
lo cual lesiona directamente la libre competencia". Los dos grupos que
están involucrados en la licitación son los belgas Jan De Nul -que opera
en la Hidrovía desde 1995- y DEME. En el proceso, se habrían dejado
afuera a las firmas más competitivas, de origen chino. El pliego de Jan
De Nul contiene un esquema integral que combina dragado, balizamiento y
servicios adicionales: allí aparecerían los actores nacionales como
socios ocultos, dado que el modelo de contrato permite una cesión de la
concesión.
Entre ellos, se encuentran el Grupo Neuss -con un reciente
crecimiento meteórico en negocios que vinculan al Estado y lazos
conocidos con Mauricio Macri y actores de la actual gestión, además de
ser aportantes de la think thank Fundación Faro- y el Grupo Román,
fundado por el magnate de la logística Alfredo Román. En la trama
también aparece el empresario Juan Ondarcuhu, líder del Grupo Servicios
Portuarios SA, concesionario de las terminales portuarias VI y VII en el
puerto de Rosario.

