
El mecanismo busca resolver un problema real del sistema financiero
argentino: los bancos captan depósitos mayormente de corto plazo, pero
necesitan prestar a 15, 20 o 30 años para financiar una vivienda. Caputo
pretende achicar ese descalce utilizando al FGS como proveedor de
fondeo más largo. Pero la decisión generó reparos entre especialistas
del sistema financiero consultados por LPO. El cuestionamiento central
es que el Gobierno utiliza el patrimonio destinado a respaldar el
sistema previsional para solucionar un problema que debería resolver un
mercado de capitales de largo plazo prácticamente inexistente. El
programa tendrá un volumen máximo de $2 billones y se implementará
mediante licitaciones de hasta $200.000 millones. El FGS constituirá
depósitos en pesos ajustados por UVA más una tasa adicional. Habrá dos
tramos: a un año, con un rendimiento mínimo de UVA más 2,5%, y a cinco
años, con un piso de UVA más 4,5%. Cada banco podrá quedarse como máximo
con el 20% de cada licitación. Las entidades tendrán 90 días para
transformar esos recursos en créditos hipotecarios. Los préstamos
deberán tener un plazo mínimo de 15 años, no podrán superar las 150.000
UVA y tendrán una tasa máxima de UVA más 7,5%. El dinero podrá
utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una primera
vivienda. El problema es que ni siquiera el fondeo ofrecido por el
Estado resuelve completamente el descalce de plazos. Una hipoteca exige
horizontes de entre 15 y 30 años, mientras que el tramo más largo de los
depósitos que aportará el FGS será de apenas cinco años. Los bancos
seguirán teniendo que renovar ese fondeo varias veces durante la vida
del crédito. Pretender calzar activos de tres décadas con pasivos de
corto o mediano plazo expone al sistema a un riesgo de liquidez y a una
dependencia constante de las renovaciones", explicó a LPO una fuente del
mercado financiero. Para los bancos, el Gobierno está poniendo un
puente de cinco años sobre un problema que puede durar treinta.
Pretender calzar activos de tres décadas con pasivos de corto o mediano
plazo expone al sistema a un riesgo de liquidez y a una dependencia
constante de las renovaciones. El propio Caputo reconoció el origen del
problema. Los créditos son a 15, 20, 30 años y los depósitos que tienen
los bancos para que puedan financiarlo son a 30 días, explicó. El
ministro sostuvo que extender los depósitos del FGS permitirá acelerar
el nivel de créditos hipotecarios. La discusión también alcanza al
supuesto impacto de la medida sobre la actividad. Caputo afirmó que el
crédito hipotecario genera un efecto multiplicador porque motoriza otros
sectores de la economía y mejora la formalidad laboral. Además, destacó
que el stock hipotecario argentino equivale apenas al 2% del PIB,
contra 27% en Chile y 50% en Estados Unidos. Sin embargo, buena parte de
los créditos hipotecarios se destina a comprar viviendas usadas. En
esos casos existe principalmente una transferencia de un activo entre
particulares y el efecto directo sobre el PIB es limitado. El impacto
más fuerte sobre construcción, industria y empleo aparece cuando el
financiamiento genera viviendas nuevas, ampliaciones o refacciones.
Caputo calculó que los $2 billones podrían alcanzar para unas 17.000 o
18.000 soluciones habitacionales. El Gobierno puso como ejemplo una
propiedad de 106.667 dólares, con un préstamo por el 75% del valor. A 25
años y UVA más 7%, la cuota inicial sería de $865.098 y el grupo
familiar debería acreditar ingresos netos por aproximadamente $3,46
millones mensuales. En el mercado también señalan el costo de
oportunidad para el FGS. "En lugar de robustecer o profundizar el
mercado de capitales, estas medidas son precarias. Tienen sabor a nada",
cuestionó la fuente consultada. El antecedente que mencionan es la
habilitación para utilizar hasta el 15% de los depósitos en dólares para
otorgar préstamos, otra medida con la que Caputo intentó ampliar el
fondeo bancario. El otro frente es jurídico. Especialistas consultados
por LPO advirtieron que habrá que conocer la reglamentación definitiva
para determinar cómo encaja una colocación de semejante magnitud con el
régimen de inversiones del FGS, particularmente los límites de
concentración por instrumento y entidad financiera. Ese punto será
especialmente sensible porque el dinero no pertenece al Tesoro sino al
fondo previsional. Una eventual flexibilización de límites o
modificación de las condiciones de inversión deberá estar jurídicamente
respaldada. De lo contrario, las autoridades de Anses y del FGS podrían
quedar expuestas a cuestionamientos administrativos y judiciales si las
operaciones generan un perjuicio patrimonial. Caputo buscó cerrar esa
discusión al afirmar que "el FGS no corre ningún riesgo" crediticio
porque el riesgo de incumplimiento de los hipotecados quedará en cabeza
de los bancos. Pero eso no elimina los riesgos propios de la colocación
del fondo previsional ni el problema estructural de financiar préstamos a
treinta años con recursos que vencen, como máximo, a cinco. La
discusión de fondo excede así a los $2 billones. El crédito hipotecario
necesita inflación baja, estabilidad macroeconómica y ahorro de largo
plazo. Ante la ausencia de ese mercado, Caputo decidió utilizar al FGS
como una suerte de mayorista de fondeo bancario. El Gobierno consigue
tiempo para los bancos, pero coloca parte del patrimonio de los
jubilados en el centro de una apuesta que todavía necesita demostrar que
puede sostenerse cuando llegue la hora de renovar los depósitos.

