Biocombustibles, No es una ley de consenso

Biocombustibles, No es una ley de consenso, es una ley contra las pymes. Las empresas que elaboran el 65% del biodiésel del mercado interno rechazan el proyecto que se trató hoy en la Comisión de Energía de Diputados. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que agrupa a la totalidad de las empresas productoras de biodiésel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, expresó tras la reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados su rechazo al Proyecto S-809/26, que obtuvo media sanción en el Senado, y advirtió que no se trata de una ley de consenso. ESTA NO ES UNA LEY DE CONSENSO Las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran el 65% del biodiésel que abastece el mercado interno; las empresas no integradas de Santa Fe, el 35% restante.

Quienes producen la mayor parte del biodiésel del país no están de acuerdo con la ley. La mayoría de los senadores de esas cuatro provincias votó en contra, y tres de sus cuatro gobernadores —Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y Claudio Poggi— se manifestaron públicamente contra el proyecto. El oficialismo reunió los votos en el Senado, pero una ley que rechazan cuatro de las cinco provincias productoras, los trabajadores del sector y la mayoría de las empresas que elaboran el producto no es una ley de consenso.
UNA LEY QUE CIERRA PLANTAS Y CONCENTRA EL MERCADO
El texto aprobado eleva el corte de biodiésel del 7,5% al 10%, pero reduce la participación de las pymes del 7,5% actual al 4% en 2031 y la elimina por completo a partir de 2036. Ese volumen se disputará en un mercado electrónico en el que, por el costo del flete, prevalecerán las plantas ubicadas junto al puerto de Rosario. Con el 4%, cierran 14 de las 25 plantas pymes del país, exactamente las más alejadas del puerto; con el cero de 2036, cierran todas. La ley concentra la producción nacional de biodiésel en Santa Fe y en seis grandes aceiteras. Solo en la provincia de Buenos Aires están en riesgo más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos en Ramallo, Junín, Daireaux, Bahía Blanca, Pilar y Saladillo, además de los de General Pico, Nogoyá, Aldea María Luisa y San Luis.
¿QUÉ GANA EL PAÍS?
“Toda ley que reasigna un mercado debería poder responder algo elemental: ¿qué gana el país? Y acá la respuesta es incómoda. Las plantas de las aceiteras ya están construidas, dimensionadas para una exportación que ya no existe. Darles el mercado interno no genera una sola inversión nueva, ni un solo empleo adicional, ni una tonelada más de capacidad: solo llena capacidad ociosa con un negocio que hoy sostiene a veinticinco pymes y a miles de familias. Y hacia atrás golpea a unas 400 extrusoras de soja del interior que le venden su aceite a esas pymes. Ninguna externalidad positiva. Solo el traslado de un mercado que funciona, desde quienes lo construyeron hacia quienes se quedaron sin el propio”, afirmó Federico Martelli, Director Ejecutivo de CEPREB.

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24/10/2026 (9369)