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F.Varela: Giran reclamos a autoridades provinciales por la falta de vacunas

Siguiendo con los reclamos por la discontinuidad de vacunas que se viene registrando desde la Región Sanitaria VI en los últimos meses a Centros de Salud del Municipio, el secretario de Salud local, Dr. Mario Rodríguez, elevó notas a las autoridades de la cartera sanitaria bonaerense, en concordancia con lo conversado telefónicamente con anterioridad.
Tal como lo expresan los escritos elevados a los Directores Provinciales de Medicina Preventiva, Dr. Iván Insúa, y de Integración de Redes y Regiones Sanitarias, Dr. Sergio Terlizzi “a pesar de las recientes entregas a este Municipio (días 8 y 11 de septiembre), que permitirán retomar el programa regular en nuestros vacunatorios, algunas vacunas, como la Pentavalente registra un atraso de aproximadamente 10.000 dosis según programación, lo que seguramente se exprese en lactantes no inmunizados y susceptibles”.
De esta manera, se solicitó “intervención ante la actitud de la Directora de Región VI, Dra. Polistina, quien ha manifestado públicamente que la Región siempre dispuso de vacunas, negando la existencia de un problema en la logística y distribución a su cargo que pone en riesgo la salud pública”.
Por último, se reafirmó y puso a disposición la capacidad logística de este Municipio para la recepción y almacenamiento de las dosis faltantes.

La familia de Santiago Maldonado recusó hoy al juez

La familia de Santiago Maldonado recusó hoy al juez federal de Esquel, Guido Otranto, que lleva el caso por la desaparición forzada del joven tatuador, por considerar que hubo irregularidades en la investigación y que el magistrado no actuó de manera parcial. Reclamaron un magistrado "imparcial" y "una investigación seria" para continuar con la causa.

“A través de nuestra abogada, hicimos la presentación de recusación. Queremos que haya un juez imparcial y una investigación seria. Llegó el momento, como familia, de pedir un nuevo juez”, confirmó Andrea Antico, cuñada de Maldonado, en declaraciones al canal de noticias C5N.
El pedido de recusación de la familia llegó luego de los últimos "aportes" realizados por el Gobierno, que presentó ante Otranto nuevas declaraciones de los gendarmes que participaron de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Esquel. Llamativamente, estas nuevas declaraciones que afirman que un efectivo habría herido a un manifestante “con una piedra” fueron brindadas 40 días más tarde de la denuncia de desaparición y luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendiera desde un primer momento la actuación de la Gendarmería. Además, esas declaraciones fueron tomadas en actuaciones internas por esa misma fuerza en los días posteriores a la desaparición del joven y Bullrich estaba al tanto de ellas.
“No estamos conformes. El fin de semana, el Gobierno le presentó unos papeles al juez que no fueron presentados ni a la familia ni a la abogada y eso ya es el colmo”, manifestó Antico, quien expresó su sospecha de que las autoridades buscan digitar el curso de la investigación. Desde un primer momento, la querella se quejó del secreto de sumario extendido que ordenó el juez, lo cual no le permitió acceder a la causa ni a los pedidos de prueba solicitados en los primeros días de la investigación.

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BASTA DE ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

BASTA DE ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
2 septiembre, 2017

La provocación policial y posterior detención de periodistas que cubrían incidentes montados al cabo de una multitudinaria y pacífica movilización que denunció el pasado viernes 1° de setiembre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, vuelven a poner en la agenda nacional los ataques gubernamentales a la libertad de expresión y al derecho a la información de los argentinos.
El 11 de abril de este año la Coalición por una Comunicación Democrática denunció al gobierno con el comunicado “UN MODELO CON REPRESIÓN Y FUERA DE LA LEY” por el clima de intimidación a los medios populares, los cierres y decomisos de equipos en diferentes localidades del país y la represión de protestas sociales –como los docentes- que ejercían sus derechos constitucionales a manifestarse y opinar sobre las políticas oficiales.
Este viernes han montado un escenario de provocaciones y actos violentos para justificar actos represivos que se dirigieron directamente a la detención de periodistas y reporteros gráficos[1]que realizaban tareas para medios agrupados en la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Tal ataque resulta violatorio de las garantías constitucionales así como de los tratados internacionales que obligan a nuestro país a respetar la libertad de expresión.

 

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